BUENOS AIRES.- La actividad pesquera en Argentina, atravesada por la caída de los precios internacionales, arrastra desde hace varias décadas un universo complejo y heterogéneo de problemáticas, que van desde limitaciones operativas y económicas de los pequeños pescadores, el escaso valor agregado de los productos que se exportan, la falta de recursos para perseguir la pesca ilegal, la presión de los grandes frigoríficos en sus áreas de dominio y el nebuloso proceso administrativo que rodea a los permisos de pesca.
Para empezar a revertir esta situación, el Gobierno nacional está relevando recursos, empresas y trabajadores y tiene como prioridades reducir el esfuerzo pesquero, renovar el instituto científico y tecnológico (Inidep), reforzar los mecanismos de control sobre la pesca ilegal y los desembarques y desarrollar políticas que alivien los costos de producción de las pequeñas empresas.
En este marco, el subsecretario nacional de Pesca, Tomás Gerpe, indicó a Télam que en lo que va del año se pescó un 20 por ciento menos (de todas las especies) del total capturado en el 2014 y en el 2015, a excepción del langostino, que repite récords que rondan las 142 mil toneladas por año.
De enero a noviembre, las capturas totales en Argentina alcanzaron las 600 mil toneladas, aproximadamente un 20 por ciento menos que las 768 mil del 2015 y las 785 mil del 2014.
En el 2015 Argentina recibió 1.500 millones de dólares por la exportación del 95 por ciento de todas sus capturas, aunque las principales especies comercializadas son la merluza hubbsi, el calamar illex y el langostino. El 5 por ciento restante se destina a consumo interno, mayoritariamente desde el puerto Mar del Plata (merluza, calamar y el denominado «variado costero»).
Por la merluza hubbsi se paga aproximadamente 2.500 dólares la tonelada; por el langostino, 6.000; y por el calamar, 1.600.
Según relevamientos realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en los últimos años, más de la mitad de 16 especies evaluadas en el Atlántico sudoccidental se consideran agotadas o sobreexplotadas, entre ellas la merluza hubbsi, la polaca austral, la merluza negra y el calamar Illex.
«Nuestro caladero es uno de los más grandes e importantes del mundo, es estable y está protegido; hay una veda de muchos kilómetros de merluza, barcos con GPS que son fácilmente monitoreados y áreas específicas de protección de juveniles», aseguró a Télam el director nacional de Coordinación Pesquera, Juan Manuel Bosch.
En sintonía, Gerpe descartó que esté en riesgo la merluza (logró estabilizarse luego de su depredación en la década del ’90) y atribuyó la merma del calamar a «ciclos aleatorios» que se repiten cada tres o cuatro años y en los que se registran bajas y alzas de su propia reproducción.
Los funcionarios admitieron que «la caída de los mercados y falta de competitividad de los productos argentinos» son la principal dificultad del sector y que el Estado debe desarrollar políticas para «reducir el esfuerzo pesquero, renovar flotas, mejorar los sistemas de fiscalización y control de la actividad y agregar elaboración, calidad y valor» a las exportaciones del país.
El sector pesquero significa una importante fuente de empleos: a lo largo de toda la costa marítima argentina operan algo más de 170 firmas con una flota que ronda los 600 buques y con aproximadamente 40 mil trabajadores, en plantas y barcos.
Sin embargo, la baja de los precios internacionales y la suba de los costos en todos los segmentos afectan el desarrollo de la actividad.