Así lo sostuvo el abogado Eduardo de la Puente, representante de las concesionarias quien se oponen a la ordenanza que los obliga a exhibir los precios de venta en la Provincia y el Continente. Pedirá la “inconstitucionalidad” de la normativa.
RIO GRANDE.- El Dr. Eduardo De la Puente -representante de las concesionarias de Río Grande- confirmó que desde la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) se planteará la “inconstitucionalidad” de la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante, en la que se obliga a las empresas del sector a exhibir los precios de venta en la Provincia y el Continente.
El letrado consideró en declaraciones a FM La Isla que “el Concejo se extralimitó en sus funciones” al sancionar esa normativa, entendiendo que “el control de precios le corresponde a la Provincia”, por lo que los abogados de ACARA “están preparando una acción de inconstitucionalidad”.
Y apuntó contra Paulino Rossi, impulsor de la ordenanza: “El concejal no es nadie para haber hecho lo que hizo porque no tiene facultades”, reprochó.
Además, cuestionó “la preocupación del concejal Rossi en cuanto al precio de los autos, que es un artículo de lujo, y no su preocupación por la mercadería habitual que uno consume día a día en los supermercados”.
“Si uno está preocupado por el vecino para que no pague más de lo que corresponde, en el hipotético caso de que fuera cierto lo que presume el Concejo, tendrían que estar más preocupados en la mercadería que uno consume día a día: la carne, el azúcar y la yerba, por ejemplo, que es lo que consumimos más y por qué sale más caro acá que en el Continente si no pagamos el IVA”, inquirió.
De la Puente opinó que “no está mal” que se trate de legislar sobre este tipo de situaciones en las que se busca proteger a los consumidores, aunque insistió que “lo tiene que hacer alguien que tenga facultades para hacerlo, y el Concejo de Río Grande no las tiene”.
“La norma es ilegal”, insistió el abogado que representa a las concesionarias, y dijo que “lo que está en discusión es si la ordenanza es válida o no, y hoy lo es porque todavía no hay decisión de la Justicia que diga que no”.
“Pero la ordenanza no se está aplicando porque falta la reglamentación del Municipio, y si estuviera en vigencia (la Municipalidad) tendría que estar aplicando las multas que establece la ordenanza y todavía no lo ha hecho”, agregó.