La Fiscalía de Estado intervino a pedido de un particular tras la difusión de un video en el que se veía a un agente de la DPOSS hacer compras particulares y supuestamente llevando personas ajenas a la entidad. “Hay reglamentación pero no se cumple”.
USHUAIA.- Tras una presentación anónima que alegaba el uso no permitido de un vehículo oficial de la DPOSS por un agente, la Fiscalía de Estado tomó intervención y comprobó nuevamente que, aunque la entidad cuenta con una reglamentación adecuada, el organismo opera bajo una práctica administrativa de «uso libre» de vehículos y carece de los registros formales de salida necesarios para la verificación y el control.
Ante el supuesto uso indebido de un vehículo oficial de la DPOSS, el fiscal Virgilio Martínez de Sucre inició un expediente luego de una presentación anónima que solicitó su intervención y que derivó en el dictamen 15/25, fechado el 30 de octubre.
El caso se conoció entre los meses de agosto y septiembre al viralizarse un video en el que se observaba el mencionado vehículo estacionado frente a un comercio de Ushuaia y de un hombre subiendo a él llevando un paquete.
A pedido del Fiscal, el presidente de la DPOSS Cristian Pereyra adjuntó la Res. N° 1200/2017, referida al uso de vehículos oficiales del organismo, expresando cuestionamientos contra la denuncia anónima.
Pereyra alegó que la misma “no acompañaba copia de publicaciones ni sus hipervínculos con lo que se afectaría el debido proceso adjetivo; que el denunciante alude a una ilegitimidad recurrente pero en realidad se habla de un único hecho aislado y que no se identifica el día de los acontecimientos”. También señaló que, como tampoco se individualiza el rodado implicado, «no se cuenta con elementos suficientes para expedirse sobre lo ventilado por la persona denunciante».
En el dictamen final, el fiscal Virgilio Martínez de Sucre opinó que las consideraciones efectuadas por el Presidente de la DPOSS “no son pertinentes” y recordó que «cuando las autoridades reciben una denuncia por incumplimiento de deberes en el funcionamiento de servicios públicos o en la actuación de sus agentes o funcionarios, se encuentra obligada a activar oficiosamente los mecanismos de verificación y control correspondientes”.
«En un Estado de derecho, la administración no puede situarse como parte interesada frente a cuestionamientos que ameritan esclarecimiento, sino que debe actuar como garante de la legalidad promoviendo de oficio la averiguación de la verdad material, incluso cuando ello implique revisar críticamente su propia conducta”, sostuvo el Fiscal.
“Lo expresado cobra mayor importancia cuando este tipo de imágenes difundidas pueden generar la percepción de un uso de los recursos estatales para atender fines ajenos a los que tienen asignados, suscitando indignación en los ciudadanos quienes, frente a una denuncia de estas características, tienen derecho a una respuesta acorde de parte de las instituciones”.
«Lo más reprochable de la réplica oficial, es que trasunta una evidente inoperancia del sistema de control de estos bienes», fustigó el Fiscal.
Concretamente, el art. 12 de la Resolución 1200/17 obliga a utilizar los vehículos exclusivamente para atención de asuntos de servicios de la DPOSS y el art. 13 prohíbe emplearlos para un destino distinto al autorizado, como así también transportar a personas a título benévolo
Martínez de Sucre observó que, “pese a lo que establece la reglamentación, en los hechos la DPOSS carece de los registros necesarios para verificar y controlar el uso de sus vehículos dentro de la ciudad de Ushuaia”. Algo sobre lo que ya se había expedido con anterioridad la Fiscalía, al igual que el Tribunal de Cuentas en el marco de una auditoría del parque automotor del Poder Ejecutivo provincial en 2023 que también evidenció falta de control sobre los vehículos.
“La respuesta de la DPOSS en 2025 demuestra que, a pesar de tener una reglamentación adecuada, no la está implementando, fallando en aplicar su propia herramienta de control”.
Además agregó que “en la actualidad, la ciudadanía demanda con creciente firmeza la adopción de medidas concretas y efectivas para prevenir y sancionar el uso inadecuado de los bienes públicos, especialmente en aquellas comunidades donde dicha problemática resulta evidente”.
En consecuencia, exhortó al presidente de la DPOSS a que “instruya el estricto cumplimiento de la normativa vigente en la materia, advirtiendo que la conducta omisiva podría generar acciones disciplinarias”.