En tiempo récord la ministra Adriana Chapperon respondió la requisitoria de las comunidades selk’nam y yagan luego de que la Legislatura expresara su voluntad de garantizar ese derecho.
USHUAIA.- El Poder Ejecutivo provincial emitió una nota desconociendo el derecho de los pueblos indígenas de Tierra del Fuego a ser consultados de forma previa, libre e informada sobre los proyectos presentados en la Legislatura para modificar la Ley 1355 que prohíbe la salmonicultura en el territorio provincial.
La consulta previa, libre e informada es un derecho fundamental de los pueblos indígenas, que les permite participar en la toma de decisiones sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente. Este proceso busca establecer un diálogo intercultural entre el Estado y las comunidades indígenas, con el objetivo de lograr acuerdos que respeten la preexistencia étnica y cultural de estos pueblos.
La negativa del Gobierno se produjo en menos de 24 horas luego de que la Legislatura expresara su voluntad de garantizar este derecho, respaldada por más de 800 adhesiones de personas e instituciones nacionales e internacionales.
El martes, la ministra Adriana Chapperon, en representación del Poder Ejecutivo provincial, dio respuesta a la solicitud de la consulta previa, libre e informada ingresada el lunes y rechazó la aplicación del Convenio 169 de la OIT, reconocido en la Constitución Nacional, alegando que el proyecto de modificación de la Ley 1355 «no señala territorios ni comunidades indígenas específicas».
Desde la Comunidad Rafaela Ishton indicaron que «esta respuesta es negacionista: niega el proceso de colonización, el genocidio y la preexistencia de los pueblos indígenas que viven en el territorio a pesar del colonialismo que vienen padeciendo desde hace 130 años”.
Además, recordaron que “el territorio ancestral del pueblo selk´nam corresponde a todos los territorios situados al norte de la isla de Tierra del Fuego, territorios que fueron ocupados con violencia por los terratenientes”.
Según indicaron, la respuesta del Poder Legislativo supone que los únicos proyectos por los que habría que consultar a los pueblos indígenas son, por ejemplo, los que afecten el territorio comunitario del que los selk’nam tienen título de propiedad.
Sin embargo, advirtieron que “el Ejecutivo provincial nunca definió con claridad cuáles serían las llamadas “zonas de sacrificio”, limitándose a términos generales que podrían habilitar intervenciones destructivas en áreas de altísimo valor cultural y ecológico”.
“Corremos el riesgo real de que se modifique la Ley 1355 abriendo la puerta a actividades que afectarán gravemente la vida y los ecosistemas en nuestros territorios. Estas decisiones, dictámenes y maniobras políticas no sólo son inconstitucionales, sino que también violan principios fundamentales del derecho ambiental y los derechos de los pueblos originarios”.
Por último, agregaron que “hoy nos encontramos defendiendo, exigiendo en primera instancia a la Legislatura que se garantice la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, en cumplimiento de un derecho esencial. Esta acción también busca que toda la población esté debidamente informada sobre lo que pretenden realizar en nuestro territorio ancestral”.