Desde la Agencia de Recaudación Fueguina advierten que la medida nacional no solo afectaría a la industria instalada sino que comprometería de manera directa una porción significativa de los recursos provinciales.
USHUAIA.- La decisión del Gobierno nacional de avanzar en la baja de los aranceles para los productos importados tiene efectos sobre los fabricados en Tierra del Fuego, bajo el amparo del subrégimen industrial de la Ley 19.640, lo cual genera una creciente preocupación en la provincia.
Desde la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) advierten que una medida de este tipo no solo afectaría a la industria instalada en el territorio, sino que comprometería de manera directa una porción significativa de los recursos provinciales, en caso de discontinuarse la producción en nuestra provincia.
Para el año 2025 las empresas beneficiadas por el subrégimen industrial representan un aporte clave: se estima que sus tributos sumarán unos $80.000 millones, es decir, un 20,5% del total de los recursos provinciales. Alrededor de $57.000 millones provenientes de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos y otros $23.000 millones de Ingresos Brutos.
Cuando se critica la “presión tributaria” de los impuestos provinciales la AREF aclaró que la Tasa de Verificación tiene una alícuota del 1,8%, y con una reducción por inversiones queda en el 1,62%, la cual se aplica sobre el valor de producción, representando menos del 1% sobre el precio de venta del producto.
Respecto a Ingresos Brutos, la alícuota es del 1,5% para la industria, como las empresas tienen ventas en la mayoría de las provincias del país se aplica el Convenio Multilateral, la recaudación se distribuye entre todas ellas correspondiéndole a TDF entre el 25% y el 30% del impuesto que pagan. Por lo cual, lo que abonan en nuestra provincia no es más del 0,5% de sus ingresos, representando un porcentaje mucho menor sobre el valor de venta de los productos.
Concluyó que si la provincia dejara de cobrar los 2 tributos esto representaría solo una reducción del 1% sobre los precios de venta. Remarcó que, tanto los actores locales como los nacionales han manifestado que el precio de fabricación de los productos son competitivos y el problema se da en la cadena de comercialización, y que hacer hincapié en la “presión tributaria” de la provincia solo responde a un posicionamiento político.
Efecto dominó
Más allá de estos impactos directos, autoridades provinciales y actores económicos locales alertan por las consecuencias indirectas que implicaría un desmantelamiento gradual o repentino del régimen de promoción industrial.
“Esos $81.000 millones que se dejarían de percibir solo contemplan lo que hoy pagan directamente las industrias. Pero a eso hay que sumarle lo que aportan las empresas de transporte, servicios vinculados como limpieza, seguridad, comedores, comercio exterior, proveedores locales, y todo el ecosistema que gira en torno a la producción fueguina”, advirtieron desde la AREF.
Además, un eventual cierre de líneas de producción tendría un impacto severo sobre el empleo directo e indirecto, afectando el consumo interno y, con ello, la actividad comercial de la provincia.
Riesgos para el modelo fueguino
El régimen de promoción industrial fue creado con el objetivo de poblar, desarrollar e integrar económicamente la isla al resto del país. Su desarticulación, afirman desde sectores políticos, empresariales y sindicales, pone en jaque un modelo que hoy explica buena parte del Producto Bruto Geográfico de la provincia y la estabilidad de miles de familias fueguinas.
Mientras tanto, el Gobierno provincial busca abrir canales de diálogo advirtiendo la magnitud del impacto económico y social que significaría una modificación abrupta del régimen. En juego no solo está la recaudación, sino el futuro de una provincia cuya matriz productiva sigue estando estrechamente ligada al subrégimen industrial.