La legisladora Myriam Martínez adelantó que reverán el proyecto aprobado que prevé crear un fondo para obras municipales con recursos del Gobierno.
USHUAIA.- “Lo que nos queda es el diálogo y trabajar con el compromiso y el acompañamiento de los intendentes, de los trabajadores y de todos aquellos que quieren que a la Provincia le vaya bien”, reflexionó la legisladora Myriam Martínez luego que la Legislatura aprobara un recorte al Gobierno para ser destinado a obras en los municipios de Ushuaia y Río Grande.
La parlamentaria sostuvo en ese sentido que “todo lo que están haciendo no perjudica a Rosana Bertone o al Frente para la Victoria sino a la Provincia”, y remarcó que se llevaron varias sorpresas en la última sesión ordinaria de la Legislatura.
En ese orden, precisó que una de ellas fue el tratamiento de la ley del ítem de dedicación exclusiva de personal dependiente del Ministerio de Trabajo, ya que “fue un tema que se trató en una sola comisión y luego se firmó el dictamen”.
Si bien señaló que están de acuerdo con que los trabajadores cobren este ítem, afirmó que “debemos saber primero si están los recursos y si están volcados en el Presupuesto, que aún no fue tratado”.
Además, indicó que otro de los temas por el que se vieron sorprendidos fue la destinación de más de 2 millones de pesos para el procurador penitenciario por tres meses, cuando “no tienen siquiera la estructura y han aprobado un presupuesto transitorio por este término porque no tienen todo desarrollado”.
Pero sin duda, el factor que desencadenó el malestar generalizado en el Frente para la Victoria fue que antes de que finalice la sesión, la legisladora Laura Rojo -aliada de Gustavo Melellla, intendente que acompañó la candidatura a la gobernación de Rosana Bertone- ingresara el tratamiento sobre tablas para destinar fondos del Gobierno para obras de los municipios de Río Grande y Ushuaia.
“Lo que más nos llama la atención es que esto implica una pérdida de 200 millones de pesos para la Provincia, y no lo acompañamos porque pone en una situación de gran debilidad a la economía provincial. De hecho, no entendemos cómo una medida de estas características no fue discutida en comisión”, cuestionó fuertemente Martínez.
Por tal motivo, informó que los asesores del FPV están evaluando la ley aprobada, ya que “la tasa de verificación es el pago por la prestación de un servicio que da el Estado provincial. Creemos que no corresponde porque lo que han hecho es modificar la ley de coparticipación”.
“Es una cuestión muy imprudente, porque no tenía dictamen, y la Cámara se transformó en Comisión y luego se decidió porque tenían los votos”, criticó la Legisladora del Frente Para la Victoria, advirtiendo que se trata del “30% de la tasa” y que además “se excluyó a Tolhuin”.
