BUENOS AIRES (NA).- La última suba del gas significará una transferencia anual de 2.000 millones de dólares de los usuarios a las petroleras, calculó el Estudio Bein y Asociados.
En un informe reciente, la consultora que encabeza el economista Miguel Bein estimó que las familias y las empresas pagarán 3.500 millones de dólares adicionales por la última suba de gas.
De ese total, se indicó, “sólo una tercera parte iría a reducir las erogaciones del fisco, mientras que el resto lo haría a las empresas del sector”.
De esa forma, surge que los clientes les transfieren a las petroleras más de 2.000 millones de dólares anuales.
“Alguien, en el momento del disparo, le tocó la mano al llanero solitario”, señaló el informe del estudio Bein, reproducido por el diario Clarín.
El 4 de abril pasado, el Ente Nacional Regulador del Gas oficializó la aprobación, con vigencia a partir del 1 de abril, de los nuevos cuadros tarifarios que serán de aplicación en todo el país.
Mediante la publicación en el Boletín Oficial de varios decretos se autoriza los aumentos a las empresas Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur, Gas Natural Ban, Metrogas, Gasnor, Gasnea, Distribuidora de Gas del Centro, Distribuidora de Gas Cuyana, Litoral Gas, Camuzzi Gas Pampeana, y Camuzzi Gas del Sur.
Para las transportadoras se establece que los nuevos cuadros tarifarios deberán ser publicados por las empresas “en un diario de gran circulación del país, día por medio durante por lo menos tres días dentro de los diez días hábiles contados a partir de hoy”.
Para las distribuidoras se indica que “para que el cobro de las facturas de servicio que emite en forma bimestral, se instrumente como una obligación de pago mensual, estableciendo para ello dos pagos mensuales equivalentes cada uno de ellos al 50% del importe total de la factura bimestral, distantes 30 días uno del otro, los que serán tenidos en consideración a todos los efectos que pudieran corresponder”.
Entre los considerandos se indica que “la Ley N° 25.561 declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria”.
Asimismo, se resalta que “a través de dicha norma se dispuso la salida del régimen de convertibilidad del Peso con el Dólar Estadounidense, autorizándose al Poder Ejecutivo Nacional a renegociar los contratos de licencias y concesiones de obras y servicios públicos, puestos en crisis por la obligada salida de la convertibilidad, dejando sin referencia a aquellos contratos que la concebían como un mecanismo de ajuste, que de este modo quedó sin efecto”.
