Permisos gremiales: El desorden administrativo que existía en Gobierno benefició a Fabiana Ríos

La exgobernadora Fabiana Ríos, sin Juicio de Residencia.

 

“Resulta imposible verificar la existencia de un presunto perjuicio fiscal por las inconsistencias, falencias e irregularidades del sistema SIGA”, indica un informe del Tribunal de Cuentas sobre la investigación iniciada por el otorgamiento de permisos gremiales. El organismo de contralor elaboró una batería de medidas que deberá seguir la actual gestión de Gobierno para corregir esas falencias administrativas.

 

 

USHUAIA.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia no pudo avanzar en el Juicio de Residencia contra la exgobernadora Fabiana Ríos porque el desorden administrativo, que existió durante su gestión en Casa de Gobierno, le imposibilita comprobar la existencia de irregularidades en el otorgamiento de permisos gremiales, las que fueron denunciadas por la actual gestión de Rosana Bertone.

“Resulta imposible verificar la existencia de un presunto perjuicio fiscal por las inconsistencias, falencias e irregularidades del sistema SIGA, utilizado para el control del otorgamiento de los cupos horarios, así como por la limitación que supuso la falta de remisión de documentación por la Subsecretaría de Asuntos Gremiales”, concluyó el Tribunal de Cuentas, en la resolución plenaria 199/17 fechada el pasado 9 de agosto de 2017; firmada por los vocales Miguel Longhitano y Hugo Pani.

El organismo de contralor procedió a iniciar una “investigación especial”, tras una denuncia presentada por quien era ministro de Gobierno, Gastón Díaz y el actual secretario general de Gobierno, Javier Eposto, contra la exgobernadora Fabiana Ríos. La presentación se hizo el 14 de abril de 2016, por presunto perjuicio fiscal, solicitando la sustanciación del Juicio de Residencia, de acuerdo a lo que establece la Constitución Provincial.

El Tribunal de Cuentas entendió que un Juicio de Residencia excedería el marco procedimental y que apunta más a la realización de una investigación en forma amplia de la actuación de determinado funcionario, por lo que se sugirió llevar adelante la investigación especial.

Además de concluir que no se pudo advertir el “presunto perjuicio fiscal” denunciado, el Tribunal de Cuentas de la Provincia emitió una batería de recomendaciones a seguir por la actual gestión de Gobierno, otorgando un plazo de 90 días hábiles para su confección, plazo tras el cual deberá remitir informe al organismo para tener un acabado conocimiento que se siguieron las mismas.

 

 

Fundamentos de la denuncia

La denuncia se hizo en función de las consecuencias ocurridas a partir del Decreto 864/19, por la cual se reconoció a la CTA como entidad gremial y creó el registro provincial de asociaciones sindicales, con “la proliferación de cuasi asociaciones gremiales a las que se les reconoció delegados con tutela sindical y licencias o permisos gremiales pagos por el Poder Ejecutivo y por los entes descentralizados y autárquicos”.

En la presentación de los funcionarios se puso en evidencia un “presunto perjuicio fiscal con motivo de la negligencia de la exmandataria en el control sobre el otorgamiento de los créditos por licencia o permisos gremiales de representantes o delegados de todas las asociaciones gremiales, tengan o no personería gremial otorgada por el Ministerio de Trabajo de la Nación”.

Señala la denuncia que “la falta de contralor evidenciado desde el año 2009 hasta el fin del mandato de la gobernadora Ríos ha permitido el ejercicio irregular de los derechos de las asociaciones sindicales y de las cuasi sindicales, permitiendo, por ejemplo, que se designen más delegados de los fijados por la Ley 23.551; que se otorguen licencias gremiales por 30 días consecutivos, lo que ha afectado la dotación de personal y la imposibilidad de cumplir con la eficiencia en la prestación de los servicios”.

Además, puntualiza que “Ríos permitió que se paguen salarios por encima de los límites de cupo horario acordado con las asociaciones sindicales en acuerdos paritarios sobre cupos horarios para representantes sindicales. Fue negligente cuando descontó haberes por exceso de cupos horarios sin realizar los procedimientos previstos por el decreto 2441/98 y generó juicios perdidos, con costas en juicios laborales por no haber dado cumplimiento a sus deberes”.

 

RECOMENDACIONES

Las siguientes son las baterías de recomendaciones a seguir por el Ejecutivo Provincial, respecto a los permisos gremiales:

-Que el Departamento Gremios cuente con un Manual de Misiones y Funciones debidamente aprobado.

-Evaluar y definir expresamente los trámites a seguir para la solicitud y rendición de los permisos gremiales.

-Que se centralice en un único sistema la información, automatizando los controles y vinculando la nómina de delegados gremiales facultados a utilizar los permisos gremiales.

-Arbitrar las medidas correspondientes a los fines de superar las deficiencias e inconsistencias advertidas en los reportes emitidos por el sistema SIGA.

-Arbitrar las medidas correspondientes a los fines de exigir a los gremios la presentación periódica de la nómina de sus afiliados, cuando el cupo horario acordado de permisos gremiales se sujete a esta última.

-Que se tomen las medidas necesarias a efectos de identificar bajo un código distinto los permisos gremiales usufructuados sujetos a descuento de haberes, ya sea por exceder el cupo de crédito horario de la entidad sindical o por falta de justificación en los plazos y formas previstos en el Decreto 2441/98.

El organismo otorgó un palazo de 90 días hábiles para que el Ministerio de Gobierno y la Secretaría General informe sobre las medidas adoptadas en función de las recomendaciones enumeradas en la resolución plenaria.