El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo ante el Parlamento fueguino quedó detenido por carecer de la consulta previa, libre e informada a la comunidad indígena Rafaela Ishton, en cuyo territorio se marcaron la mayor cantidad de zonas rojas sin su consentimiento.
USHUAIA.- La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que la provincia tiene pendiente de presentar ante el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible de la Nación desde el año 2018 fue dada por aprobada por el Poder Ejecutivo sin el consentimiento de la Legislatura, de acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial de ayer.
La medida fue dispuesta mediante decreto 1916/22 fechado el 5 de agosto bajo la firma del gobernador Gustavo Melella, luego de que el servicio jurídico del Ministerio de Producción y Ambiente emitiera un dictamen mediante el cual entiende que el procedimiento para la actualización del OTBN se encuentra cumplido a pesar de no haber sido aprobada por la Legislatura.
Además, mediante el mismo decreto, el Gobernador instruyó al Ministerio de Producción y Ambiente como autoridad de aplicación de la Ley Provincial 869, para que habiendo transcurrido 120 días de la entrada de la medida, se de inicio a un nuevo proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo a fin de cumplir con la actualización quinquenal establecida por la Ley de Bosques N° 26331.
El Ejecutivo recordó que en el decreto que “luego de más de 7 años de trabajo en un proceso participativo de todas las instituciones de la sociedad civil de la provincia y de un gran número de actores institucionales de la comunidad fueguina y en cumplimiento a lo indicado por la normativa vigente, mediante decreto provincial 1377/20 se convalidó la propuesta de revisión y actualización del OTBN”, tras lo cual se ingresó el proyecto al Parlamento.
“A lo largo de 2021 y a requerimiento de la Legislatura provincial, se han remitido a dicho recinto sendos informes técnicos a efectos de dar claridad a aspectos pormenorizados del proceso participativo llevado adelante para la actualización del OTBN con la documentación pertinente”, recordaron.
No obstante, “habiendo transcurrido más de un año de la presentación del proyecto de ley sin que se haya expresado el órgano deliberativo además de lo previsto en artículo 7 de la Ley 869 y que existe una necesidad imperiosa de contar con dicha herramienta legal para gestionar el territorio , cumplir con lo establecido en la Ley Nacional 26331 y dar continuidad a un gran número de expedientes administrativos sobre diferentes temáticas como cambio de uso de suelo, proyectos productivos, urbanísticos y turísticos, etc., es que resulta oportuno contar con un acto formal que efectivice la entrada en vigencia de la actualización del OTBN la cual se encuentra aprobada de acuerdo a la normativa ya mencionada”.
“Sin consulta indígena no tiene validez”
El 22 de abril de este año, el fiscal de Estado de la Provincia Dr. Virgilio Martínez de Sucre, emitió un dictamen referente a la omisión de la consulta indígena por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia en el proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques en el que advirtió al Gobierno que ninguna limitación que afecte a la propiedad indígena en el marco de ese ordenamiento, “difícilmente pueda ser validada en el marco de un conflicto judicial”, sin haber cumplido con la etapa de participación.
El reclamo de la comunidad selk´nam llegó a la Fiscalía de Estado en octubre del año pasado, a través de su presidente, Rubén Maldonado, quien denunció que para confeccionar el OTBN, el Gobierno provincial dio participación a numerosos actores sociales, omitiendo a la Comunidad Rafaela Ishton, que es propietaria registral de 36 mil hectáreas de las cuales más de 23 mil están cubiertas de bosques prácticamente vírgenes.
Maldonado dijo que la Comunidad Rafaela Ishton tomó conocimiento de este ordenamiento cuando el proyecto ingresó a la Legislatura para su aprobación, momento en el que comprobaron que la mayor parte de su territorio fue demarcada como área roja, sin conocimiento ni consentimiento de su pueblo.