Detrás del reclamo de los talleristas de cultura, se esconde el manejo discrecional que durante años se hizo de las horas cátedras del Ministerio de Educación, destinadas a distintas áreas del Estado Provincial. Los propios trabajadores que hoy reclaman reconocieron que no saben cuántos son los afectados, por la existencia de “clientelismo político” en esa distribución, de la gestión de Fabiana Ríos. Los informes del Tribunal de Cuentas dejaron al descubierto las irregularidades, que luego se plasmaron en denuncias de SUTEF y la ex legisladora Laura Rojo. Aunque sobre finales de 2015 llegó el llamativo sobreseimiento de la ex titular de la cartera educativa, Sandra Molina, que fue apelado ya que -también para la Fiscalía- hubo “serias irregularidades”. Para el actual gobierno no se puede seguir sosteniendo un sistema “totalmente viciado”.
RIO GRANDE.- El reclamo de los talleristas del área de Cultura que comenzó la semana pasada por la baja de los talleres que se dictaban – alrededor de 200 en toda la provincia- reavivó la polémica por lo que sería el reparto discrecional de horas cátedras, observado en su momento por el Tribunal de Cuentas y denunciado por la ex legisladora Laura Rojo y el propio SUTEF.
Se trata de un manejo -al menos- poco claro, que hoy vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Mientras el gobierno de Rosana Bertone anunció que elabora un encuadre normativo para los talleres culturales, los mismos talleristas admitieron que no saben cuántos son los afectados, por el manejo discrecional que se hacía “desde la Jefatura de Gabinete”, como también la existencia de “clientelismo político” en esa distribución, de la gestión Ríos.
Oscar Zapana, uno de los docentes, señaló que “los talleres culturales se vienen desarrollando desde hace muchos años en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin”, si bien los municipios de cada localidad ya contaban con esta oferta y se profundizó la duplicidad de funciones. Para el vocero, mantener los talleres “es una necesidad” dado que hay muchos que trabajaron de docentes y “son sostén de familia”.
Asimismo indicó que teniendo en cuenta la denuncia de irregularidades en la distribución de horas cátedra “olíamos que esta situación se iba a producir, ya veníamos conversando y entre todos vamos a definir qué hacemos”.
Y admitió que ellos mismos desconocen la cantidad total de beneficiarios. “Creemos que son alrededor de 200 profesores en la provincia pero nunca se supo bien el número, por eso pedimos a la Legislatura que investigue”, dijo. Indicó que los fondos para financiar este sector provenían del Ministerio de Educación, pero “la jefatura de Gabinete distribuía las horas, y nunca supimos de qué manera y cómo”.
Observaciones del Tribunal de Cuentas
Detrás de la distribución de horas cátedras, hubo en los últimos dos años observaciones muy duras del Tribunal de Cuentas de la Provincia. En septiembre de 2014, en su resolución 231, otorgó 40 días de plazo a funcionarios del Gobierno Provincial, para dar respuesta a una serie de requerimientos. Según surgió del Informe Contable 405/2013, el escalafón docente, contaba en ese momento con 6.194 cargos y 813.000 Horas Cátedra.
En el documento plantearon el caso de docentes que ocupaban cargos, horas cátedra y realizaban “comisiones de servicio fuera de las instituciones escolares”. Agentes y/o docentes que ocupaban cargos y horas cátedra, sin efectuar “contraprestación, por estar cumpliendo funciones en otros organismos, en el mismo horario, existiendo superposición. Y asignación de horas cátedra y cargos docentes, excediendo los límites de la ley.
Además, del análisis efectuado, surgió que ninguna de las áreas auditadas, tenía determinadas sus misiones y funciones. Y que no fue verificada la existencia de mecanismos de administración y control de la cantidad de horas cátedra y cargos.
Respecto a los talleres de cultura particularmente, el informe señalaba que “se crean talleres sin antes definirse los recaudos mínimos, tales como título necesario para estar al frente o la forma de acceso al cargo u horas cátedra”. Y se intimó a la Ministra de Educación y a la Secretaria de Cultura a tomar medidas tendientes a salvar las falencias detectadas.
Las denuncias
A partir de los informes, fueron dos las denuncias presentadas en la justicia a fines de 2014, apuntado a las mismas irregularidades por parte de la cartera educativa que dirigía entonces Sandra Molina; una de ellas iniciada por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), y otra por la ex legisladora Laura Rojo (Partido Popular).
“Día a día vemos cómo el Ministerio de Educación se está transformando en un nido de clientelismo político, donde el último interés está puesto en el alumno”, decía el abogado de SUTEF, Néstor Sánchez Otharán, luego de iniciar la causa que se instruyó en el juzgado de la jueza Cristina Barrionuevo, por “malversación de fondos públicos”.
El letrado dijo que previo al informe del Tribunal de Cuentas, tres meses antes se emitió un informe de la Fiscalía de Estado. “Se tomaron siete casos testigo de trabajadores del Ministerio que no cumplían funciones docentes, sino netamente administrativas, que nada tenían que ver con la función docente y eran financiadas con horas cátedra del presupuesto”, señaló.
“Hay que sumar la increíble cantidad de horas presupuestadas con relación a los establecimientos y densidad demográfica de la provincia. Esto fue planteado permanentemente en los ámbitos de negociación que corresponden, incluso en la Legislatura, a partir del informe de la Fiscalía de Estado”, manifestó en ese momento Sánchez Otharán.
Quien también apuntó a la por entonces ministra de Educación, fue la legisladora Laura Rojo. “En 2013 hubo un presupuesto aprobado de 710 mil horas cátedra y el ejecutado asciende a 813 mil”, aseguraba.
La denuncia fue formulada por la parlamentaria ante la Fiscalía provincial, para que se investiguen las conclusiones de la resolución plenaria 231/2014 del Tribunal de Cuentas de la Provincia donde se enumeraban irregularidades en más de 40 páginas; presentación que fue anexada a la que ya había sido iniciada por SUTEF.
A fines de 2015 la jueza María del Carmen Barrionuevo dispuso el sobreseimiento de Molina, que fue apelado por el fiscal Mayor Guillermo Massimi, en la causa donde se la denunciaba por malversación de fondos públicos en el otorgamiento de horas cátedras.
La dirigencia de SUTEF cuestionó entonces que la decisión fue tomada un día antes del inicio de la feria judicial, y destacó que si la apelación del fiscal Massimi no prospera, el sobreseimiento de la exfuncionaria quedaría firme.
En definitiva, el informe del Tribunal, despejaba las dudas que tenía SUTEF respecto al tema de horas cátedra; el gremio que hoy encabeza el reclamo por las horas cátedras de los talleres culturales, pese a la promesa del gobierno de encontrar una solución a través de un encuadre normativo.
“Lo que no podemos seguir haciendo es sostener un sistema que estaba completamente viciado, las horas cátedra vuelven al lugar del que nunca debieron salir”, señaló un fuente del ejecutivo provincial.
El cierre de talleres culturales de Gobierno puso en escena nuevamente el manejo irregular de las horas cátedras.
La exlegisladora Laura Roja, presentó en 2014 una de las denuncias por “malversación de fondos”.
El informe del Tribunal de Cuentas sobre las irregularidades en el uso de las horas cátedra fue contundente.