BUENOS AIRES (Especial de NA, por Matilde Fierro).- Economías regionales como la vitivinícola y la cañera de azúcar se sienten fuertemente amenazadas por las decisiones que tomó el Gobierno de imponer impuestos al vino en el primer caso y en otro, de rebajar el precio del bioetanol un 29 por ciento.
La semana comenzó con el cimbronazo que causó la sorpresiva designación del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Luis Miguel Etchevehere como ministro de Agroindustria de la Nación en reemplazo de Ricardo Buryaile quien va como embajador ante la Unión Europea.
Luego vino la conferencia de prensa del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne quien anunció en medio de la reforma que el Gobierno lleva adelante la imposición gradual de un impuesto interno del 10 por ciento para los vinos y del 17 por ciento para los espumantes; en la volteada cayeron la sidra y las gaseosas.
Las reacciones no se hicieron esperar, el presidente de la entidad cooperativista Coninagro y gerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), Carlos Iannizzotto transmitió su descontento con la medida y su preocupación por el futuro del sector.
La medida no fue adelantada al sector cuyos integrantes estrecharon filas en torno a sus dirigentes, como Eduardo Sancho, presidente de FeCoViTa (asociada a Coninagro) y el mismo gobernador de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo comprometió todo su apoyo para trabajar en pos de que se revierta la decisión.
Cuando la actividad vitícola deja de ser rentable aumenta el abandono de viñedos: Actualmente hay entre 25.000 y 30.000 hectáreas ya abandonadas o semiabandonadas y esta situación lo profundizaría, advirtieron.
“Evidentemente no entendieron qué es la actividad productiva como la vitivinicultura que da trabajo a miles de personas y lo peor es que se lo explicamos al ministro Dujovne y al mismo presidente Mauricio Macri”, expresó Iannizzotto a NA.
Por su parte, Federación Agraria Argentina desde la zona cuyana se sumó a las voces críticas y de advertencia.
“Sería el golpe de gracia para muchos productores. La producción vitivinícola emplea una gran cantidad de mano de obra y genera arraigo. Pero parece que las planillas de Excel no entienden de cultura, de trabajo, ni de esfuerzo”, dijeron en un comunicado.
Desde el miércoles hay una petición activa en la poderosa web Change.org para solicitar que se saque de la reforma tributaria que el Gobierno nacional enviará al Congreso, el impuesto al vino.
La solicitud sostiene que el vino tiene beneficios para la salud comprobados, que es una actividad de base agraria y que ya realiza un aporte fiscal de $18.000 millones de pesos anuales (dato 2016).
A este monto, se pretenden sumar $5.400 millones de pesos más, dato que surge de una base de cálculo de ventas por $72.000 millones, de los cuales $54.000 millones corresponden al mercado interno.
Pero la incongruencia consideran se manifestó en el argumento oficial de que el vino, la bebida nacional, es perjudicial para la salud.
“Argentina fue el primer país vitivinícola del mundo en declarar al vino como la Bebida Nacional a través de la Ley Nacional 26.870 aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación y refrendada por la Resolución 253-E/2017, del Ministerio de Agroindustria de la Nación, que establece un Plan Nacional de Promoción del Vino Argentino Bebida Nacional”, destaca la petición.
Lo cierto es que, como dice FAA, la bebida nacional que tiene un proceso largo desde la implantación de la viña hasta que da sus frutos y luego la elaboración del vino, cimentó a lo largo del pie cordillerano diversos pueblos que viven de esta economía regional en el país.
A renglón seguido otra, la de caña de azúcar que se utiliza para realizar el bioetanol, se vio sacudida, en el Boletín Oficial cuando una resolución redujo en un 29% el precio del biocombustible que corta la nafta en un 12 por ciento.
Se materializará en dos tramos, ahora un 14 por ciento y en febrero, el 15% restante para terminar valiendo ese mes 11,90 el litro de bioetanol.
Noticias Argentinas dialogó con el vicepresidente de la Cámara de Alcoholes, Jorge Alberto Rocchia Ferro, quien manifestó su rechazo a la resolución 415-E 2017 y aseguró que la medida es un “golpe brutal al sector de biocombustible con origen en caña de azúcar” (el bioetanol también se hace con maíz).
Además el dirigente tucumano señaló: “Esta fue una medida inconsulta y traicionera. La semana pasada estuvimos hablando con funcionarios de los Ministerios de Energía y Agroindustria y nadie nos advirtió absolutamente nada”.
La Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), institución afiliada a la FAA, admitió que “hay mucha preocupación.
“Ya hemos hablado con autoridades del Centro Azucarero Argentino, con la Cámara Sucroalcoholera y vamos a dialogar con autoridades provinciales también”, afirmó.
Añadió: “Creemos que son medidas inconsistentes, que poco tienen que ver con la decisión de promover las economías regionales, que ha manifestado el presidente Macri en varias oportunidades”.
El presidente de la UCIT, Sergio Fara, resumió que “el impuesto a las bebidas con azúcar, anunciado para la reforma tributaria, por un lado. Y por otro, bajar el precio del corte de bioetanol a los productores, al tiempo que subieron los combustibles. Esto nos castiga a nosotros y a los ciudadanos en general, beneficiando únicamente a las petroleras”.
A su vez, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB) se quejó porque además el Ministerio de Energía y Minería de la Nación dejó de aplicar de “manera unilateral e inconsulta la fórmula del precio del biodiésel para el mercado interno”.
Entre enero y octubre, el biodiésel percibió un aumento del 5%, con esta baja al 4%, se calcula un acumulado anual de 1%, mientras que el gasoil aumentó 24% en el mismo período.
Destacaron que la actividad genera aproximadamente 9.300 puestos de trabajo directos e indirectos.
El malestar casi hizo pasar inadvertido que fue designado un empresario del sector agrario (exportador frutícola, por ejemplo), Fernando Oris de Roa como nuevo embajador ante Estados Unidos, cargo que estaba vacante desde la renuncia de Martín Lousteau.