RIO GRANDE.- El Colegio Público de Abogados local, que preside el doctor José Rodas, no sólo expresó su rechazo al proyecto de la Asociación de Magistrados y Funcionarios que pretende eliminar la prohibición del ejercicio de la profesión a los jueces que se jubilan, sino que además expresaron que hacen “reserva de analizar las posibles violaciones al texto constitucional por la presentación de la misma” contra el juez Guillermo Penza.
Ante la posición de los abogados, el Juez que preside la Asociación de Magistrados salió al cruce y se defendió diciendo que “en principio el proyecto es una iniciativa de la Asociación como persona jurídica, en consecuencia no se puede hablar de responsabilidades individuales, sin perjuicio de ello le asiste a cualquier ciudadano el derecho de presentar iniciativas legislativas”.
La polémica abierta entre los abogados de Río Grande y la entidad que nuclea a los jueces y funcionarios del Poder Judicial, se debe a la decisión de estos últimos de impulsar un proyecto de ley para reformar la ley que regula la profesión de los letrados en Tierra del Fuego, de manera de eliminar la prohibición temporal de 4 años para el ejercicio de la actividad a aquellos magistrados que se jubilan.
No corresponde
A través de un documento, los abogados de Río Grande, indican que “resulta contrario al objetivo de la Asociación de Magistrados que esta solicite la modificación de una ley que no beneficie a sus asociados, sino a quienes una vez jubilados dejen de serlo. Ello implicaría la posible incursión en las prohibiciones establecidas en el artículo 148 de la Constitución Provincia, tanto por la presentación de un proyecto de ley que no beneficia directamente a sus asociados, como por el compromiso con su imparcialidad al momento que los mismos tuvieran que resolver en sede judicial sobre cualquier planteo que se realice sobre la ley cuya modificación propicia”.
En el documento expresan que “con apoyo de la totalidad de sus miembros participantes en la asamblea informativa llevada a cabo el 4 de agosto, rechaza en todos sus términos la propuesta de modificación de la ley 607, presentada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tierra del Fuego, ante la Legislatura, exhortando a esa entidad el retiro del proyecto de reforma y/o Legislatura provincial la remisión del proyecto al archivo”.
En el escrito señalan que el fundamento por el cual “al momento del dictado de la ley 607 se estableció la limitación del ejercicio del magistrado o funcionario jubilado en el mismo fuero en que ejerció su labor, se apoya en la necesidad de evitar el ejercicio de su influencia basada en la anterior relación de superioridad, jerarquía, vinculación, amistad u otra de cualquier índole, capaz de generar sobre el Juez o los Funcionarios que lo reemplazan una situación de ventaja en cuanto a las peticiones, resoluciones o sentencias que pudiera éste estar reclamando, produciendo un desequilibrio en la igualdad entre las partes de un proceso y una catarata de recusaciones…”.
Recuerdan que el “plazo establecido (vigente a la fecha), fijado hace cuatro años nunca género ningún planteo de inconstitucionalidad por ninguno de los jueces y funcionarios judiciales jubilados que en la actualidad ejercen la profesión de abogado, por lo que no existe un problema real vigente para la reforma de la ley que se pretende”.
Asimismo, el Colegio Público de Abogados de Río Grande “rechaza las expresiones vertidas por el doctor Penza, respecto del apoyo del Colegio de Abogados a la reforma legal pretendida, ya que en ningún momento nuestra Comisión Directiva se expresó favorablemente sobre el mismo, más aún fue presentada cuando se avecinaba la feria judicial de invierno, trayendo consigo el desconcierto de los letrados por una reforma de envergadura que se pretende”
Defensa del Juez
En declaraciones al portal de noticias Reporte Austral, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tierra del Fuego, juez Guillermo Penza, respondió sobre lo decidido por el Colegio Público de Abogados de Río Grande, y al respecto refirió que “en principio el proyecto es una iniciativa de la Asociación como persona jurídica, en consecuencia no se puede hablar de responsabilidades individuales, sin perjuicio de ello le asiste a cualquier ciudadano el derecho de presentar iniciativas legislativas”
El juez en lo Laboral del distrito sur dijo que, “de acuerdo a nuestro estatuto los magistrados y funcionarios judiciales, jubilados, pueden ser socios adherentes y gozan de los derechos que se le reconocen a los activos, entre ellos la defensa de sus intereses”; saliendo al cruce así a otras de las críticas que formularon los abogados de Río Grande, en un documento que fue remitido a la Legislatura.
Por último, el juez Penza dijo: “Tengo constancias que acreditan que di instrucciones para que informe al Colegio Público de Abogados de Río Grande, las que pongo a disposición de quien lo requiera, de haber recibido una negativa no hubiésemos presentado la iniciativa y habríamos abierto un ámbito de discusión, esa fue la finalidad de la consulta”.