Se tiran 110 mil toneladas de merluza

Como consecuencia del descarte que realizan los pesqueros en altamar, se desperdician alimentos y se pone en riesgo la sustentabilidad del recurso. Para el subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Bosch, “es un escándalo que tiremos comida al agua”.

Del alimento que se tira por año, 30.000 toneladas se descartan en la faena de langostino y 80.000 en la propia faena de los merluceros.

USHUAIA.- Durante el cierre de las jornadas sobre selectividad y reducción del bycatch que se realizaron días atrás en el Instituto Nacional de Investigación y desarrollo Pesquero (INIDEP), el subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Bosch, dijo que “es un escándalo que tiremos comida al agua” describiendo en una sola frase la situación de nuestro país ante el descarte.
En el encuentro, del que participaron biólogos, funcionarios, armadores y capitanes, se debatieron las medidas que se deberían tomar para arribar a una solución definitiva en el desecho de alimento al mar y asumió la actual situación como un escándalo que nos deja mal parados ante el mundo.
Desde la ONG Vida Silvestre, señalaron que, “según datos del INIDEP, se están tirando 110.000 toneladas de comida (merluza) al año, 30.000 durante la faena de langostino y 80.000 por parte de los propios merluceros. Si no hacemos algo consistente para proteger el mar, estamos haciendo pesca ilegal. La Unión Europea tiene tarjetas amarillas y rojas, el descarte es un problema y no estamos haciendo nada. Se debe entender que salir a pescar significa cumplir algunas cosas”. Por esta razón, pidieron sincerar los datos del descarte.
Además de ello, el encuentro dejó en claro la necesidad de fortalecer el programa de observadores, de desarrollar artes selectivas de fácil uso que se combinen con medidas de manejo como las vedas para lograr el objetivo. También se planteó la necesidad de revisar la legislación, generar planes de manejo, aplicar fuertes sanciones, imponer prácticas saludables y definir el destino de la pesca acompañante que llegue a puerto. El primer paso sería terminar con el descarte de especies con valor comercial.
Los biólogos destacaron que la selectividad es vista como una pérdida entre los empresarios pero en realidad existe una ganancia respecto del futuro de la actividad, al preservar los juveniles y el ambiente. Las biólogas a cargo del Programa Merluza destacaron la importancia de usar artes selectivas como herramienta complementaria de las áreas de veda para garantizar la sustentabilidad del recurso.
Las cifras de descarte y bycatch son estimativas, si bien se cuenta con un programa de observadores a bordo no es lo suficientemente robusto para abarcar la flota de todas las pesquerías y del encuentro surgió como prioritario invertir en mejorar la cobertura.
La legislación actual que prohíbe traer más del 10% de especies acompañantes y tirar pescado al agua, fue puesta como otro de los puntos a tratar. En ese sentido el caso chileno fue puesto como ejemplo, dado que mediante la flexibilización de las normas se logró reducir el descarte al permitir traer ciertas especies a tierra sin penalización.
En cuanto al destino de la pesca acompañante, se sugirió la necesidad de desarrollar programas para darle un uso a esa captura no deseada. En el caso argentino, el problema del descarte lamentablemente no solo involucra a especies sin valor comercial sino a especies de alto valor como la merluza y el langostino. Esta realidad fue planteada tanto por los biólogos como por los ambientalistas y hasta por el Subsecretario de Pesca.
La mayoría de los participantes coincidió en que el objetivo de lograr el descarte cero es una utopía y quedó claro que existen vías factibles para reducir considerablemente el bycatch y fundamentalmente el descarte. Establecer plazos concretos y programas con etapas, tal como lo hizo Chile, parece una de las vías posibles.
En principio se debería priorizar la eliminación del descarte de especies comerciales y para ello se necesita primero una fuerte inversión en el fortalecimiento del programa de observadores a bordo. En el caso de Chile, el Estado desembolsó dos millones de dólares anuales para lograrlo.