La iniciativa precisa que el sello ubicado en la parte delantera de los empaques de alimentos y bebidas deberá tener forma octogonal de color negro, con borde y letras de color blanco en mayúsculas y su tamaño no podrá ser inferior al 5% de la superficie de la cara principal del envase.
BUENOS AIRES (NA).- La Cámara de Diputados logró ayer avanzar con la firma del dictamen de mayoría del proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos, pese a las diferencias de criterio que se expusieron durante el debate de comisión sobre la iniciativa que apunta a marcar con un sello octogonal negro los empaques de productos que contengan exceso de azúcares, grasas, calorías o sodio.
Tras un extenso debate y luego de un proceso de varios meses iniciado en noviembre del año pasado -que incluyó cuatro rondas de consultas con especialistas- se avanzó en la firma de un dictamen de mayoría que cosechó 91 firmas, seis de ellas en disidencia parcial.
En el marco del plenario de las comisiones de Legislación General, de Acción Social y Salud Pública, de Defensa del Consumidor y de Industria, que estuvo presidido por la diputada Cecilia Moreau (Frente de Todos) se firmaron un total de cuatro dictámenes, uno de ellos de rechazo, con dos rúbricas.
Según el proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, los alimentos y bebidas analcohólicas deben incluir en la cara principal un sello de advertencia indeleble que advierta si el producto tiene “exceso en azúcares”, “exceso en sodio”, “exceso en grasas saturadas”, “exceso en grasas totales” y/o “exceso en calorías”.
La iniciativa precisa que el sello ubicado en la parte delantera de los empaques de alimentos y bebidas deberá tener forma octogonal de color negro, con borde y letras de color blanco en mayúsculas y su tamaño no podrá ser inferior al 5% de la superficie de la cara principal del envase.
El primero en tomar la palabra fue el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, quien anunció que impulsaba un dictamen de minoría ya que entendía que en la media sanción del Senado no se especifica qué tipo de productos debían llevar el sello de advertencia, no se fijan plazos para que las empresas puedan adecuarse a la nueva normativa, y no se busca una armonización con las normas del Mercosur en la materia. .
Para el tucumano, cuyo dictamen de minoría cosechó cinco firmas, la media sanción del Senado contiene “errores que no podrán ser salvados con la reglamentación” de la ley por parte del Poder Ejecutivo.
La miembro informante del dictamen de mayoría, Daniela Villar (Frente de Todos), destacó que el proyecto es una “herramienta de información para la ciudadanía” y se enmarca en una política pública hacia una “alimentación sana, saludable y segura para todos y todas”.
“Queremos que comer rico y sano no sea un privilegio sino un derecho garantizado”, remató.
Por su parte, la vicepresidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo, presentó un dictamen alternativo (que reunió 12 firmas) ya que consideró que la media sanción del Senado avance en “prohibiciones y censuras, es decir, con herramientas propias de regímenes autoritarias”.
La legisladora del PRO cuestionó la utilización de un octógono negro como advertencia al consumidor y sostuvo que “hay otros métodos que son menos agresivos y menos estigmatizantes”, al tiempo que propuso un sistema que “asigna colores de acuerdo a los límites establecidos para cada uno de los nutrientes críticos”, que se usa en Reino Unido.
El presidente de la comisión de Industria, Alejandro García, también planteó objeciones al dictamen de la media sanción del Senado, al marcar que “no se piensa en ningún tipo de coordinación normativa con el Mercosur dada la injerencia que la industria de la alimentación tiene” en el comercio.
“No se escuchó a ninguno de los representantes del sector productivo. Había una postura tomada de antemano. Me pregunto si tomamos en cuenta la real dimensión de los actores productivos involucrados. Es el único sector con presencia en todas las provincias del territorio nacional. El 97% de los establecimientos son Pymes con menos de 50 empleados”, indicó el diputado del PRO.
La vicepresidenta de la Comisión de Legislación General, Carla Carrizo, apoyó con disidencias el dictamen de mayoría y afirmó que “no solo se trata de vivir más sino de vivir mejor”.
Para la radical, la redacción del proyecto es mejorable: “Las mejores leyes no son las que delegan mucho margen en la reglamentación del Ejecutivo. Por eso se debería especificar bien cuáles son los alimentos obligados, procesados, ultraprocesados. La reglamentación no tiene el valor que tiene la ley, ya lo ha señalado la Justicia”.
Su compañera de bancada Brenda Austin destacó que con esta iniciativa se está “saldando una vieja deuda del Congreso básicamente con dos derechos como son el acceso a la información y el acceso a la salud”.
“Es importante dejar en claro que la mirada integral que deberá tener el Ejecutivo al momento de reglamentar esta norma debe incluir aspectos contemplados por la OPS. Por ejemplo que los alimentos y bebidas sometidas a este perfil de nutrientes son los procesados y ultraprocesados, y se excluye a los que son sin procesar, mínimamente procesados o los conocidos como culinarios”, apuntó.