Río Grande, “en estado de desastre mayor”

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación seccional Tierra del Fuego presentó un proyecto en la Legislatura para que Río Grande sea declarada “en estado de desastre mayor” ante la situación social y económica desatada por el brote de coronavirus.

Debido a los contagios y muertos, Río Grande es una ciudad “en estado de desastre mayor”.

USHUAIA.- El proyecto, fue acompañado de una durísima carta en la que los trabajadores de la justicia advierten que “mientras que el promedio en la Argentina se encuentra en 21 fallecimientos por cada 100 mil habitantes, la ciudad de Río Grande duplica esa cifra y se erige a la par de los países más perjudicados por la pandemia”.

“La ciudad de Río Grande atraviesa un desastre. Y lo peor que puede pasarnos, es que se naturalice la tragedia. Lo que resulta verdaderamente irrazonable es que el Estado imponga prioridades al grueso de la población, y se desentienda luego en las propias. Aumentos exponenciales de sueldo, ampliación de vacantes, fastuosidad o lujos, no son hoy posibilidades admisibles para lograr concitar la adhesión y el consenso sobre las políticas públicas que exige la hora”, sostienen desde la UEJN.

Los trabajadores judiciales recordaron que la legislación local prevé en la ley 810, “la posibilidad de declarar el estado de desastre habilitando con ello las medidas para mitigar, responder, rehabilitar y reconstruir los daños ocasionados por la pandemia y también para requerir auxilios especiales al Estado Nacional”. A la vez advierten que “no podríamos exigir ayudas a nuestros connacionales y hacia adentro no mostrar una conducta acorde con la situación que atravesamos.

La norma establece que “cuando se produzca un fenómeno adverso de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria que supere los niveles de respuesta del Sistema de Protección Civil de la Provincia, el Gobernador deberá declarar en estado de “Desastre Mayor”, a parte o a la totalidad de la jurisdicción provincial, municipal o comunal y requerir apoyo del Poder Ejecutivo Nacional por el lapso de tres meses, prorrogables por igual término por parte del Poder Ejecutivo Provincial”.

El gremio propone que el Estado ajuste los gastos dentro de su propia estructura para poder asistir a los damnificados por la pandemia. Esto significa que durante el plazo establecido, se priorizarán todas las acciones, medios, instrumentos y recursos a disposición del Estado provincial a atender las consecuencias sanitarias, económicas y sociales producidas en especial en jurisdicción de la ciudad de Río Grande, así como las indirectas que atraviesa la Provincia en su totalidad.

Por tanto, “durante el período establecido en el presente, se prohíben los incrementos de planta de personal de los tres poderes del estado provincial, organismos autárquicos o descentralizados”, indica el proyecto.

“Asimismo, se suspenderá la aplicación de la ley 855, no pudiendo aumentarse, bajo ningún concepto, las dietas de los funcionarios comprendidos en dicha norma. Las partidas presupuestadas para vacantes y salarios de funcionarios que se encuentren suspendidas, se aplicarán durante el tiempo de vigencia a financiar la asignación no remunerativa establecida en el presente”.