La UEJN remitió una extensa nota al gobernador Gustavo Melella para solicitar que ejerza su facultad de veto al proyecto de ley que amplía a cinco la cantidad de miembros del Superior Tribunal de Justicia.
USHUAIA.- Con la firma de Luis Simón Bechis, secretario adjunto de la Seccional 1 de la UEJN (Unión de Empleados de Justicia de la Nación), en representación de los trabajadores de la justicia; fue enviada una nota al gobernador Gustavo Melella con el “objeto de solicitarle ejerza su facultad de veto frente a la sanción de la ley de ampliación del Superior Tribunal de Justicia”.
Entre los argumentos, desde el gremio indican que esa reforma, “en esta instancia resulta inoportuna por la enorme crisis socioeconómica que padece la provincia y porque las prioridades hoy deben ser otras, además de invertir en salud y trabajo, pretendemos que sea luego de un amplio debate sobre la base de un estudio estadístico cierto”. El texto de la nota, es el siguiente:
En ese debate deben estar los números, cuentas causas, por fuero, personal, recursos humanos y de infraestructura. Escuchar a los que están en la trinchera de cara a la ciudadanía que concurre a los tribunales, fiscalías y defensorías, con las angustias que acarrean quienes tienen problemas legales, donde está en juego el patrimonio, los derechos humanos fundamentales o la misma libertad. Estamos haciendo una reforma entre gallos y medianoche por una Legislatura que no está a la altura de las circunstancias, que está aislada de las necesidades del pueblo y que, fundamentalmente, desconoce de las penurias que a diario padecen los juzgados y ministerios públicos de primera instancia, estos que la yugan de manera cotidiana, lejos de los lujos, desaprensión y prebendas del STJ.
Tres elementos centrales fundan la petición, dos de ellos, incluso, postulados por usted durante el presente año: En primer lugar, promulgar la ley de ampliación con el actual sistema de selección de jueces y magistrados implica convalidar lo que usted mismo cuestionó en febrero de presente año al afirmar que debía avanzarse en “una idea de reforma judicial donde se democratice y se establezcan parámetros claros en la elección y designación de jueces, como así también en un análisis pormenorizado en lo que refiere al Consejo de la Magistratura”, sostuvo por entonces. Al mes siguiente dijo que “en la selección de jueces, la idoneidad de la persona tiene que ser el criterio máximo a tener en cuenta y no si es amigo del gobernador, del ministro o cualquier otra persona”. Además, explicó que “tenemos que poner sobre la mesa el mismo criterio de autonomía, el mismo criterio de transparencia que quizás muchas provincias lo han plasmado transparente, pero por los procesos a veces queda la duda establecida, y no está bueno que eso suceda, por lo tanto debemos avanzar en esa discusión”. Sin embargo, no avanzó ningún tipo de proyecto para democratizar al Consejo de la Magistratura, pero sí para ampliar la Corte provincial con el tan cuestionado método de selección.
El segundo argumento se funda en otra posición por usted compartida: El escenario de crisis que ha llevado al 22% de desempleo en Tierra del Fuego y que debe tener como prioridad presupuestaria el fortalecimiento de los servicios esenciales. Nótese que la masa salarial del Poder Judicial, sin el incremento que implicará ampliar al Superior Tribunal en un 66%, ya es superior al gasto en personal del Ministerio de Salud para el ejercicio 2021. El 10 de junio, usted declaró que “hoy vivimos momentos muy críticos desde lo económico”, haciendo referencia al impacto que tendría la sanción del proyecto de ley cuyo veto hoy solicitamos. Por entonces, no se había producido ningún fallecimiento (a la fecha superan las 60 personas), ni se habían conocido los alarmantes índices de desocupación.
La tercera cuestión a tener en cuenta tiene que ver con la perspectiva de género y paridad. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) refleja que nuestra Provincia es la que mayor infra representación de mujeres juezas tiene en el país. Solo el 18% de las mujeres son juezas, 8 sobre 43 cargos. El proyecto sancionado no hace ningún tipo de referencia a una temática directamente vinculada con el cumplimiento de los derechos humanos y la no discriminación.
Más allá de esto, la dirigencia política fueguina es consciente de que no se trata, simplemente, de agregarle dos jueces a la Corte.
La ley tiene nombre y apellido. Ya se sabe que antes de que se sancione, quién resultará el ganador del concurso que aún no se ha hecho. La constatación de lo obvio pondrá a Ud.-de permitirlo-, en el lugar que elija frente a uno de los atropellos institucionales más groseros. Ninguna modificación de estructuras institucionales por cuestiones personales ha dejado un saldo a favor en temas comunitarios. La adaptación del sistema a la medida del que lo pretende, tarde o temprano termina en un fracaso. La gravedad del caso es que, en el supuesto del Poder Judicial, el costo se cobrará con arbitrariedades, con patrimonio, con libertad. El poder político vitalicio con funciones judiciales. Que la familia esté primero, no es una buena medida para establecer en las relaciones institucionales.
Se trata entonces de la máxima concesión de la clase dirigente fueguina a favor de los sectores de tinte feudal que, de concretarse sus propósitos, se quedarán con la última palabra en cualquier conflicto que involucre los derechos, la libertad y el patrimonio de los fueguinos.
Por otra parte, la posibilidad de que la ampliación del máximo Tribunal local forme parte de un acuerdo electoral que traiga beneficios personales en determinadas causas, habla de la necesidad de extremar los recaudos en la observación, ante la posibilidad de existencia de un gravísimo hecho de corrupción.
Los órganos de aplicación de la Convención Americana han referido, en distintos aportes, a la existencia de formas de corrupción estructural que caracterizan como captura el Estado, o de casos agravados de macrocorrupción, como en los casos de cooptación institucional. La forma más grave de corrupción “se caracteriza a través de actos ilícitos estatales y no estatales, desnaturalizando sus funciones ordinarias (Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corrupción y Derechos Humanos: Estándares Internacionales). La entrega del Poder Judicial a una familia parece moldearse en dicho esquema. Que sea por ley, solo le agrega mayor gravedad al asunto.
Nunca en Tierra del Fuego existió una crisis como la que estamos atravesando. La desocupación y subocupación se encuentra arriba del 25% de la población, la tasa más alta desde la provincialización, con los sectores productivos completamente paralizados y un horizonte incierto. Más de sesenta muertos en poco más de dos meses. Utilizar este momento de zozobra e incertidumbre social para que pase desapercibida la aprobación de un proyecto de una gravedad institucional sin precedentes, se constituye en una afrenta. Están burlándose del padecimiento de los enfermos, del sufrimiento de los necesitados y de la memoria de los muertos.
Parece difícil encontrar un momento en que hayan sido tan visibles las enormes distancias entre las prioridades de la dirigencia y la necesidad de nuestro pueblo. Está ahora en sus manos la posibilidad de achicarlas. Donde ponga su firma pondrá su lugar en la historia. Las tragedias marcan a los pueblos y nadie olvidará lo que hacían sus dirigentes en ese momento. Es el ejemplo la guía más precisa para liderar estos tiempos.