Un proyecto de ley que se debate en la Legislatura, promueve que el Estado pague la conectividad vía red inalámbrica en los hogares cuyos habitantes reúnan al menos una de las condiciones establecidas en la normativa.
USHUAIA.- El Estado podría hacerse cargo de los gastos que ocasione la provisión de internet a las familias vulnerables, de prosperar un proyecto de ley que se encuentra en análisis en el parlamento provincial. Se trata del programa de conectividad educativo-social, que busca acompañar a los estudiantes de todos los niveles educativos que, como consecuencia de la pandemia, están obligados a estudiar por vía remota.
Precisamente, la iniciativa prevé que sea el Estado quien se ocupe de los gastos de internet en los hogares de aquellas familias que acrediten la imposibilidad económica de hacerlo. El proyecto del FdT- PJ, fue debatido ayer en la comisión de educación y será girado al Ejecutivo para que emita su mirada sobre el proyecto.
“El objetivo es ir acompañando a las familias en este contexto, la desigualdad que existe hoy está vista, ya se hizo con el sector docente, que es necesario y así tiene que ser. Queremos hacer hincapié en las familias que la están pasando muy mal. Se complica llevar un plato de comida a la mesa, tener conectividad o herramientas como celulares, tabletas o computadoras”, detalló Andrea Freites, tras el acompañamiento de sus pares.
“Son muchas situaciones las que se generan en este contexto, queremos acompañar desde el bloque y esta Legislatura a las familias” dijo respecto a las dificultades que se presentan para el acceso a la educación a las clases remotas o actividades que se proponen desde las escuelas.
“Resulta necesario prestar atención a las desigualdades que la pandemia de COVID-19 ha generado, sobre todo porque se vio afectada la modalidad presencial en el aula, debiendo recurrir a la modalidad a distancia”, observan los parlamentarios Ricardo Furlan, Andrea Freites, Myriam Martínez y Federico Bilota, en los fundamentos del proyecto.
“Nuestros estudiantes de todos los niveles y modalidades deben tener el derecho primordial a la educación. La conectividad a una red de comunicación, es una herramienta principal para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje”.
El programa está destinado a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo; personas inscritas en los planes sociales provinciales; personas que cobren pensiones contributivas con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, vital y móvil; personas inscriptas en el monotributo social o que perciban seguro de desempleo. “El objetivo es que el Estado pague el servicio de internet a las familias que más lo necesitan”, resaltó Andrea Freites.
En el articulado se estima que el programa deberá asegurar una conectividad vía red inalámbrica –mínima de 6 Mbps- en los hogares cuyos habitantes reúnan al menos una de las condiciones establecidas. Los parlamentarios acordaron enviar las consultas al Ejecutivo provincial, para continuar con su análisis en próximo encuentro.