USHUAIA.- La jueza Federal de Río Grande Mariel Borruto procesó a 6 inspectores de la Municipalidad de Ushuaia que en 2012 realizaron controles en el local nocturno “Black & White” y no advirtieron que en la parte posterior había habitaciones.
Dicho comercio estaba habilitado por la municipalidad como local nocturno donde se podían beber tragos aunque según consta en la causa, los inspectores no clausuraron una puerta posterior que llevaba a unas habitaciones donde se ejercía la prostitución.
La medida alcanzó a Alfredo Duilio Santos, Martín Andrés Mieres, Eduardo Hugo Scarnati, Luis Alberto Villegas, Aníbal Torres y Carlos Alberto Signoni, quienes a pesar del procesamiento permanecerán en libertad, según aclara el escrito judicial.
Borruto intervino debido a que el juez Federico Calvete se excusó de actuar porque ya se había pronunciado en su momento y había sobreseído a los inspectores.
“Se denota la ilegalidad del comportamiento de los inspectores municipales en representación de la Municipalidad de Ushuaia, toda vez que los mismos debían inspeccionar y controlar esencialmente, todas las dependencias habilitadas conforme a los planos existentes en los respectivos expedientes municipales de habilitación, es decir que estuvieran en las mismas condiciones que fueron habilitadas y que no hubieran modificaciones. Justamente la existencia de la puerta que daba a las habitaciones en cuestión podía importar una modificación en las condiciones de habilitación original, lo que obligaba a los inspectores a controlar dichas habitaciones. Esos parámetros que debían respetarse, objetivos, por cierto, no pueden quedar librados a la subjetividad o arbitrariedad del funcionario de la municipalidad”, afirmó la jueza.
La jueza Borruto sostuvo en su fallo que quedó “desvirtuado” el argumento de los inspectores acerca de que ellos solo debían controlar la superficie habilitada del local, y que no tenían injerencia sobre las habitaciones situadas en la parte posterior.
Según mencionó, los ambientes estaban conectados por una puerta y debieron ser clausurados en virtud de la ordenanza municipal 1183/93 -vigente en ese momento- que prohibía “la existencia de camas o cualquier otro mobiliario semejante” en los locales nocturnos.
“Las habitaciones supuestamente desafectadas para el uso privado y por consiguiente ajenas al ámbito de la inspección municipal, cuyo acceso debía estar clausurado, en realidad no lo estaba”, fundamentó la magistrada.
El delito de abuso autoridad prevé penas de “un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo” para “el funcionario público que dictare resoluciones y órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.”
Según Borruto, en este caso en particular, “entiendo que la acción típica” fue la de “no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento les incumbía”.
En una sentencia anterior se recordó que “Black and White” (luego rebautizado como “Red and White”) era explotado comercialmente por Víctor Morales (uno de los condenados por trata en 2015) y que si bien estaba habilitado para funcionar como “club nocturno”, acorde a las ordenanzas municipales, “en la realidad funcionaba en forma solapada un prostíbulo, donde las mujeres (o “alternadoras” según consta en las constancias sanitarias), además de hacer “copas” (venta de tragos a clientes), hacían “pases” o “servicios” (prestaban servicios sexuales a los clientes a cambio de una suma de dinero).