La iniciativa fue duramente cuestionada por la Cámara Inmobiliaria de Ushuaia y por propietarios que poseen departamentos en alquiler. Advirtieron que “es un claro avance sobre la propiedad privada” porque impone “precios de referencia y grava con tasas a las personas que tienen inmuebles no habitados”. Advirtieron que, de convertirse en norma, plantearán la inconstitucionalidad de la ordenanza por ser violatoria de la Carta Magna.
USHUAIA.- La iniciativa impulsada desde hace 4 años por el concejal Silvio Bocchicchio fue duramente cuestionada en Debate Ciudadano por propietarios de inmuebles para alquiler y por la Cámara Inmobiliaria porque considera que dicha iniciativa “avanza sobre la propiedad privada”, al pretender cobrar un nuevo impuesto para aquellas personas que posean propiedades y no las habiten o las mantengan desocupadas.
Referentes de las inmobiliarias manifestaron su desacuerdo con la propuesta de crear un régimen de registro, habilitación y categorización de inmuebles destinados al alquiler para uso familiar y consideraron que, de ser aprobada, los perjudicados serán los inquilinos.
Indicaron que las exigencias que pretende la normativa no garantizarían que los propietarios ofrezcan condiciones dignas de vivienda “y se perjudicaría a los inquilinos porque los nuevos costos se trasladarían a ellos”.
Además el proyecto categoriza a las propiedades en: económicas, común y suntuosas, obliga a los propietarios a formular una declaración jurada para estar habilitados en el registro que tendrá una duración de dos años; y los obliga a registrarse en un listado público.
Otro de los apartados establece un Fondo Específico para la regulación de viviendas en alquiler: estará constituido por una tasa de inspección, sanciones, 5% de impuesto inmobiliario, gravamen a inmuebles ociosos, partida presupuestaria y aportes de jurisdicción nacional y provincial.
Punto de vista legal
El abogado de la Cámara Inmobiliaria de Ushuaia, Claudio Fernández, dijo que “no es que se esté en desacuerdo con que se mejoren aspectos de los inquilinos”, aunque advirtió que “este proyecto no es el camino porque los podría terminar perjudicando”. Además sostuvo que implica “un claro avance sobre la propiedad privada”, al hacer referencia que quieren colocar un impuesto a personas que tengan casas o departamentos y no deseen ponerlos en alquiler y mantenerlos desocupados.
El letrado advirtió que “si este proyecto se sanciona es muy probable que acudamos a la justicia para presentar una acción de inconstitucionalidad” ya que, a entender de la cámara, es “intrusivo” y avanza sobre derechos consagrados en la Carta Magna.
El doctor Fernández opinó que “querer regular a quien alquila y cómo se alquila va en contra de las leyes civiles vigentes. Entonces el municipio estaría convirtiendo en ilícito algo que para el Código Civil es lícito” y aseguró que “el valor del alquiler no llega al 50% del sueldo de un empleado de comercio”.
El abogado defendió que “las inmobiliarias ya están controladas” y que por eso “lo que se debería controlar es el mercado informal, que son quienes se aprovechan de la necesidad de la gente”.
Defensa del proyecto
Por su parte el concejal Silvio Bocchicchio, autor de la iniciativa, aclaró que “lo que se busca es armonizar los intereses de una y otra parte, y no castigar a quienes ofrecen alquileres”.
La propuesta exige pautas mínimas de habitabilidad, servicios de infraestructura básica como energía, agua, cloaca y gas. En ese sentido, los propietarios manifestaron estar de acuerdo con el espíritu de la normativa pero responsabilizaron al Estado municipal por “la falta de control” en esos aspectos.
Por su parte el vecino Jorge Ontiveros reclamó que la ordenanza impulsada pretenda regular el consumo de energía en medidores individuales porque “sabemos que por falta de medidores individuales, en Energía nos proponen colocar uno compartido a las viviendas que están en el mismo terreno; esto es contradictorio con la propuesta”, dijo.
El concejal Bocchicchio informó que el proyecto continuará en estudio debido a la complejidad de la problemática que se busca resolver y el asunto será girado nuevamente a la comisión de Legislación e Interpretación.
