El plan es una continuidad del programa iniciado en 2012 y pretende consolidar un modelo de cuidados integrales y progresivos para garantizar el derecho a la salud a las personas privadas de libertad.
BUENOS AIRES.- La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y su par en Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, firmaron la resolución interministerial que pone en marcha el “Plan Estratégico de Salud Integral en el Servicio Penitenciario Federal 2021-2023”, un programa basado en la atención primaria de la salud y que tiene por objetivo garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, tanto durante su permanencia en prisión como al momento del egreso.
“Después de cuatro años y en el contexto de pandemia, se pudo volver a construir nuevamente esta política pública”, sostuvo Vizzotti, al tiempo que destacó que “fue gracias al trabajo de los equipos y el compromiso de ambos ministerios que siguieron adelante para sostener, fortalecer y concretar este plan”.
De esta manera, ambas carteras siguen trabajando en mejorar la situación sanitaria en los establecimientos penitenciarios, que en el último año debieron adaptarse al contexto de la pandemia causada por el Covid-19 y que incluyó la vacunación de agentes penitenciarios.
El plan prevé la continuidad y el fortalecimiento de los controles de salud anuales para toda la población; la formación de personas privadas de la libertad como promotores de salud; el relanzamiento de la Diplomatura de Salud en Contextos de Encierro para equipos de Salud -que fuera suspendida desde 2016-; la promoción del uso de Guías de Práctica Clínica del Ministerio de Salud para el abordaje de las enfermedades prevalentes; la consolidación de la línea telefónica de cobro revertido del Programa de Salud en Contextos de Encierro; la informatización de las historias clínicas, y la continuidad de la asistencia sanitaria al momento del egreso, entre otras.
Sobre la formación de personas privadas de la libertad como promotores de salud -un programa iniciado en 2015 en la articulación del Servicio Penitenciario Federal-, hasta el momento se formaron 1.113 promotores y promotoras, los cuales durante la pandemia fueron capacitados de manera virtual sobre recomendaciones, pautas de prevención y tratamiento sobre Covid-19 para fortalecer los cuidados de salud en estos contextos.
Cabe señalar que esta resolución otorga un marco institucional a las acciones que se vienen llevando a cabo en un trabajo articulado entre los ministerios de Salud y Justicia, y el Sistema Penitenciario Federal, y tiene como antecedente el acuerdo homónimo ejecutado durante el periodo 2012-2015 y avanza sobre nuevas acciones como el reconocimiento de los promotores como parte de los equipos de salud, además de recuperar el trabajo entonces iniciado y operar como modelo para que el plan sea replicado en las provincias y sus respectivos servicios penitenciarios.
La privación de la libertad no debe implicar la supresión de ninguno de los derechos y garantías que no se encuentran afectados por la condena o por la ley. Dado que el contexto de encierro configura múltiples barreras para su ejercicio efectivo, dicho plan constituye una respuesta del Estado para poder garantizarlos.
Según el informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal, al 31 de diciembre de 2019, 100.634 personas se encontraban privadas de la libertad alojadas en 307 unidades penitenciarias de todo el país, y 52.922 agentes trabajaban en establecimientos penitenciarios.