El juez federal Federico Calvete aceptó el amparo de ARAF Y AFADA pero no decretó una medida cautelar para proteger la vida de los conejos que invadieron el predio de la institución científica. El costo del trabajo, lo debería aportar el Estado pero la protectora de animales se ofreció a pagarlo si se niegan a hacerlo.
USHUAIA.- La asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (ARAF) en conjunto con la Asociación de Funcionarios y Abogados para la Defensa de los Animales (AFADA) presentaron una propuesta ética ante el Juzgado Federal de esta ciudad, para evitar la matanza de una colonia de conejos instalada bajo los cimientos del edificio del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC).
La “Propuesta de Solución” llega luego de que el juez Federico Calvete, informara a las proteccionistas, la insistencia del CADIC en aplicar métodos de exterminio para controlar la plaga instalada debajo de su edificio.
Como el juez no decretó la medida cautelar para proteger la vida de los conejos, ARAF y AFADA ofrecieron una solución ética con un plan de acción concreto que incluye la captura manual de todos los ejemplares existentes en el predio del CADIC, la cual se realizará con la colaboración desinteresada los miembros de ARAF.
Los animalitos serán colocados en jaulas especialmente diseñadas, teniendo en cuenta la especie y la cantidad de ejemplares. Dichas jaulas serán utilizadas para la “captura, traslado y procedimiento prequirúrgico” de la castración de los ejemplares capturados sólo en el predio del CADIC.
Tras la captura, los conejos serán trasladados hasta un predio en las inmediaciones de la ciudad, donde se los alojará definitivamente, ya que luego de la castración, esa porción de ejemplares, estará controlada.
La castración de los ejemplares capturados en el CADIC, tanto machos como hembras, la realizará un médico veterinario, mediante la utilización del método ético recomendado por el mismo.
ARAF Y AFADA también pidieron al juez Federico Calvete, que intime al Ministerio de Producción y Ambiente, a la Secretaría de Ambiente y a la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad de Ushuaia para que “adopte las medidas tendientes a controlar la población del Conejo de Castilla mediante la esterilización o castración a fin de dar cumplimiento al Principio de Subsidiariedad establecido en la “Ley General del Ambiente”, “Ley Nacional de Fauna N° 22.421” y “Leyes Provinciales””
Además, previendo una negativa de parte de la institución científica a hacerse cargo económicamente del procedimiento que proponen, las proteccionistas también ofrecieron al Juez “pagar lo que le corresponde al estado”, para evitar la matanza innecesaria de animales.
A mediados de mayo, ARAF y AFADA presentaron una acción de amparo para detener la matanza que la institución científica tenía planeado realizar, mediante el uso de gas fosfina. El juez, hizo lugar al amparo y pidió al CADIC que informe su plan de acción y en un escrito de 40 carillas, insistieron en que la fumigación, era la única medida posible.
El viernes pasado, el juez Federico Calvete notificó a las proteccionistas y el miércoles, se cumplió en hacer llegar la propuesta. “En vista de que la parte demandada sigue con su tesitura de matar y sigue vulnerando el derecho a la vida de los animales no humanos, creándoles sufrimientos innecesarios como sería esta muerte espantosa, es que nosotros, además de rechazar esto, venimos a traer una propuesta”, explicó la Dra. Griselda Engelhard en diálogo con El Sureño.
“La solución tendría que ser económicamente a cargo del CADIC que permitió que se llegue a esta situación. Pero así todo, en caso de que el Juez acepte esta solución y el CADIC no la quiera o no la pueda pagar, la vamos a pagar nosotros”, sentenció.
Si bien la representare de AFADA no precisó cifras, destacó que “el CADIC dispone de una partida presupuestaria bastante alta para matar a los conejos y el medio de control que nosotros proponemos, además de ser ético, es más económico”.
“Les estamos dando la solución en bandeja”, dijo Engelhard. “Ahora la última palabra la tiene el juez Federico Calvete”.