Lo sostuvo ayer el intendente Gustavo Melella, tras encabezar una conferencia sobre autonomía municipal a partir de la disputa que mantienen con el Gobierno provincial por la potestad del cobro del impuesto inmobiliario. Del evento participó además el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, que pidió “un diálogo maduro sin chicanas”.
RIO GRANDE.- Ayer se llevó a cabo la primera de las conferencias sobre autonomía municipal, organizadas en forma conjunta por los municipios de Ushuaia y Río Grande, a partir de la disputa que mantienen con el Gobierno provincial por la potestad del cobro del impuesto inmobiliario.
La charla, que se llevó a cabo en el Museo “Virginia Choquintel”, reunió a la totalidad de los funcionarios políticos de ambas gestiones, contando además con la participación de la gobernadora (mc) Fabiana Ríos; la senadora nacional (mc) Mabel Caparrós y la convencional nacional María Teresa Méndez.
La apertura del evento estuvo a cargo del intendente Walter Vuoto, que agradeció a su par de Río Grande el trabajo de organización para llevar adelante la conferencia, y se refirió a la situación política que derivó en la disputa con el Gobierno.
“Desde el Ejecutivo municipal de Ushuaia siempre hemos estado abiertos al diálogo y cada vez que el Gobierno nacional o provincial nos ha llamado hemos estado ahí, para poner lo que hace falta en función siempre de que la solución sea para los fueguinos”, dijo.
Pero remarcó que “el diálogo siempre que tener dos partes y no podemos ir a un lugar coaccionados”, entendiendo que “uno tiene que ir a un diálogo institucional para acordar, para dar una discusión y altura sin chicanas”.
“Me parece que es momento de llamar a la reflexión al Gobierno Provincial, porque la mirada que nosotros tenemos sobre lo que está sucediendo hoy es que estamos entrando en un conflicto donde tenemos que estar juntos tratando de ver cómo salimos de esto y pensando en cómo ayudamos a miles de fueguinos que se están quedando sin trabajo”, reclamó.
Vuoto pidió “un diálogo maduro sin chicanas, donde nos podamos poner de acuerdo no sobre los recursos municipales, sino sobre cómo todos juntos defendemos a Tierra del Fuego y construimos los próximos años”.
Para el Intendente de Ushuaia “con la judicialización de una definición política, sumado a eso además la deuda que tiene la Provincia y sigue acumulando con las municipalidades, eso evidentemente es una coacción, uno no va a un diálogo con una pistola arriba de la mesa”.
“Quitarle los recursos que le corresponden a los municipios por definición política, estratégica y económica, también tiene que ver con una política de ajuste. Primero fueron los trabajadores, públicos, después fueron los trabajadores privados y ahora son los recursos municipales, y de darse esto que plantea el Gobierno se trata de un ajuste feroz”, cerró.
“Punto de inflexión”
En tanto, el intendente Gustavo Melella sostuvo que la realización de una conferencia sobre autonomías municipales “no es una discusión de plata; no se trata si a Vuoto o a Melella les van a sacar plata”.
“Es una discusión de la falta de respeto a la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y en nuestro caso, muy claro, a la Carta Orgánica Municipal”, remarcó.
Para el jefe comunal de Río Grande, el planteo judicial del Gobierno es un “avasallamiento” y representa un “quiebre del derecho”, asegurando que “si yo con un decreto cambio la Constitución, no soy abogado, pero entiendo que es una barbaridad”.
Melella no dudó en señalar que “tenemos en este conflicto de intereses que se da entre el Gobierno provincial y el Gobierno municipal y mientras damos esta discusión seguimos viendo como cierran las fábricas y triplicamos la demanda social que absorben los municipios”.
“Si es un problema de recursos para eso están los que saben, es decir, los equipos técnicos municipales siempre a disposición para trabajar de qué manera se resuelve; pero no se puede resolver un problema de recursos a través de no respetar la ley”, afirmó.
Y dijo que, a su entender, “hoy no es un problema de recursos, hoy es una cuestión de quién tiene más poder, no de parte nuestra”.
“Hoy es un punto de inflexión; no nos interesa ganar más plata ni tener más fondos si no se respeta la Carta Orgánica Municipal; ojalá que el Superior Tribunal de Justicia tenga la claridad y decisión de hacer respetar la Constitución”, concluyó.
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Los intendentes Melella y Vuoto esperan que la Justicia respalde la postura de los municipios.
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Para Eduardo Bercesar la Justicia debería ratificar la potestad municipal por el impuesto inmobiliario.
—-RECUADRO—
VICTORIA VUOTO
“Es una discusión política”
RIO GRANDE.- La secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Ushuaia, Victoria Vuoto, expuso junto a su par riograndense, Daniel Garay, los aspectos que sostienen la potestad municipal sobre los impuestos inmobiliarios urbanos y consideró que no se trata de “una discusión dineraria, es una discusión política”.
La funcionario sostuvo que existe “total coincidencia” entre los cuerpos de abogados de Río Grande y de Ushuaia y explicó los ejes de la contestación que presentó Ushuaia a la controversia iniciada por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF9 sobre el impuesto inmobiliario urbano.
“Esta no es una discusión dineraria, es una discusión política, porque afecta directamente la autodeterminación. Tener la posibilidad de definir prioridades y las prioridades se definen con la cercanía con los vecinos. Si la AREF se queda con nuestros recursos, ataca directamente la posibilidad de autodeterminación de nuestros vecinos”, sostuvo.
Durante su disertación, Vuoto explicó las trampas que se advierten en la presentación de la AREF y que formaron parte de las excepciones que se presentaron en la contestación del Municipio, así como desarrolló los aspectos vinculados a la razón histórica y jurídica que consolida la postura municipal.
—RECUADRO 2—
EDUARDO BERCESAT
“Corresponde a las Municipalidades”
RIO GRANDE.- El doctor Eduardo Bercesat, invitado por los municipios para disertar en la conferencia sobre autonomía municipal, aseguró que las disposiciones de las leyes 1075 y 1080 “son inconstitucionales”, entendiendo que la potestad del cobro del impuesto inmobiliario “desde el punto de vista histórico no hay ninguna duda que le corresponde a las municipalidades y así ha sido a lo largo de la historia de esta provincia”.
“Lo más importante es que lo que dice la Constitución provincial y la Constitución de la Nación; ambos textos que son superiores a cualquier otra normativa hablan de autonomía y que esa autonomía comprende la potestad en materia económica y financiera”, señaló.
En ese sentido, para el constitucionalista “pretender atribuirse o recuperar, como dicen en la ley 1075, la potestad de percibir el impuesto inmobiliario, el verbo real es apropiarse, porque nunca lo tuvieron, de modo que esta enorme torpeza del lenguaje de la Ley provincial, sella definitivamente su inconstitucionalidad”.
“Ningún tribunal que respete la razonabilidad del texto jurídico y de las prácticas jurisdiccionales puede resolver en contrario a la postura que históricamente, y con muy buenos argumentos jurídicos, han sostenido ambos municipios”, remarcó.
Para Bercesat el planteo del Gobierno “es una aventura jurisdiccional”, por lo que “no se puede avizorar otra resolución y entiendo que, en algún tiempo, más corto o más largo, el Superior Tribunal de la provincia va a reponer el fin de la jurisdicción y volver esto al lugar que debe estar”.
