La situación de la infancia en Río Grande

Violencia doméstica, abuso sexual y abandono son las problemáticas que prevalecen y que son tan complejas que -en algunos casos- obligan a las autoridades a intervenir y a separar a esos chicos de su familia de origen.


RIO GRANDE.- La primera infancia representa una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño y es la etapa más vulnerable del crecimiento.

En esta fase se forman las capacidades y condiciones esenciales para la vida, la mayor parte del cerebro y sus conexiones. El amor y la estimulación intelectual permiten a los niños desarrollar la seguridad y autoestima necesarias. Para ello, su entorno y las condiciones de vida de su familia son fundamentales.

La realidad indica que no siempre esas condiciones se cumplen, y en muchos casos, separados de sus padres por motivos de violencia, maltrato o abuso, los chicos esperan en instituciones o familias sustitutas hasta conseguir resolver su situación.

Aníbal Gerardo Acosta es especialista en derecho de Familia de la Universidad de Rosario, pero además fue seis años secretario del Juzgado de Familia de la ciudad y actualmente se desempeña como defensor Mayor, responsable en Río Grande y Tolhuin del Ministerio Público de la Defensa.

“Existe todo un halo normativo de protección que se llama doctrina de protección integral (Tratados internacionales, Constitución Nacional y el nuevo Código Civil), cuyas normas son operativas y que hay que aplicarlas directamente” dice y remarca que “lo fundamental es que existan políticas sociales básicas desde el Estado para que esos derechos se hagan efectivos”.

En este orden las políticas de prevención deben ser desarrolladas por los ejecutivos nacional, provincial y municipal, conciliadas en un trabajo preventivo. Cuando esos sistemas fallan o no alcanzan para contener los casos sociales, es cuando llegan a la justicia.

Violencia doméstica, abuso sexual y abandono son las problemáticas que prevalecen y que son tan complejas que -en algunos casos- obligan a las autoridades a intervenir y a separar a esos chicos de su familia de origen.

Según el informe: “Situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en la República Argentina”, realizado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, junto con Unicef en 2015, el 57% de los 14.417 menores de 0 a 18 años que viven en hogares o institutos de menores en el país fueron ingresados por motivos vinculados a la violencia, el maltrato o el abuso sexual. Los números son los siguientes: el 44% ingresó por violencia y maltrato; el 31%, por abandono; el 13%, por abuso sexual, y el 11%, por otros motivos.

Para Acosta, la “responsabilidad parental es clave, porque si hay adultos responsables, respecto de la condición de los niños que se encuentran en vulnerabilidad y quién tiene que responder, no se llega a estos casos extremos”.

En este orden señala que desde el ámbito judicial “estamos muy atentos a que las situaciones de violencia doméstica nos los alcancen, o protegerlos de las disputas de los adultos, porque los niños están siempre expuestos. Está claro que si el niño se cría en un ámbito de violencia va a adoptar esos comportamientos”.

En la práctica cotidiana la representación se hace en los juicios de alimentos y cuando los niños necesitan la autorización de alguno de sus padres para salir del país; pero además, hay casos extremos donde los chicos son víctimas de maltrato infantil por alguno de sus padres. “Allí hay que hacer un trabajo conjunto entre la defensoría, la fiscalía y el juzgado de Familia que investiga si los hechos ocurrieron”, explica.

“Hay familias que por cuestiones estructurales podrían estar desbordadas y necesitan de algún apoyo del Estado, allí se decide judicializar el caso y le pedimos al juez que instrumente un seguimiento por Desarrollo Social y nosotros mismos como Ministerio Público tenemos facultades para pedirle a las autoridades administrativas ese seguimiento”, agrega.

A los casos de violencia se suma una realidad particularmente visible en Tierra del Fuego que tiene que ver con el abuso sexual infantil. “Son visibles, se investigan y se juzgan los casos de abuso; en ese punto se evolucionó, porque al ser crecientes los casos, al hacerse visibles, la investigación se fue haciendo más especializada y hubo necesidad de que la víctima fuera protegida, que si tuviera que declarar lo haga una sola vez, en cámara Gesell y luego se incorporó algún profesional para las entrevistas para hacerlo de una manera más cuidada”, detalla Acosta.
Estar atentos

Antes que los casos donde hay niños víctimas de violencia o abuso lleguen a la justicia, los lugares de detección son las escuelas, las iglesias, los ámbitos deportivos y culturales, pero además los entornos familiares y de conocidos.

“Los gabinetes de las escuelas tienen personal técnico especializado; otro lugar es la iglesia, y cualquier ámbito institucional donde los chicos realizan recreación, es propicio a ser un lugar de detección porque los niños se expresan”, explica Acosta quien remarca que lo importante es “estar atentos”.

“También dentro de los mismos ámbitos familiares, a veces ellos cuentan su situación a otro familiar o a sus amiguitos, entonces otras familias denuncian y se ocupan de exponerlo”, añade.

Asimismo expresa que en el caso de la niñez “hay una sensibilidad general para denunciar los casos de maltrato, los exponen los tutores y los gabinetes en las escuelas, las autoridades que demuestran un compromiso para generar los apoyos a los niños ya que en el caso de chicos más grandes pasan a ser las situaciones de riesgo por consumos problemáticos, compromisos con adicciones”.

¿Qué motivos llevan a separar a un chico de su familia? “El caso tiene que ser realmente muy grave, de abandono, maltrato o abuso para significar sustraer a un niño del cuidado de sus padres. En esos casos cuando la responsabilidad parental no se cumple es cuando el Poder Judicial decide que los niños pasan a ser institucionalizados y protegidos por el propio Estado, en hogares, en familias de acogimiento o eventualmente llegado el caso a ser declarados en situación de adoptabilidad”, explica.

Actualmente son ocho los niños y jóvenes que viven en los institutos dispuestos en la ciudad de Río Grande, donde la tendencia en los últimos años es que la institucionalización sea la menor posible. En tanto muchos otros niños se encuentran con familias de acogimiento, que justamente brindan un espacio más familiar durante un período determinado.

Y asegura que los institutos “son espacios complementarios, tendemos a que sea mínima la institucionalización y más amplia la llegada a lugares de acogimiento para luego decidir si debe ser adoptado o no”.

“Solo cuando los padres no pueden, no quieren o no están en condiciones de garantizar sus derechos a niños o jóvenes, recién ahí el Estado asume ese lugar, la obligación primaria siempre es de la familia. Los casos que llegan son chicos con abandono de los padres o chicos en conflicto con la ley penal, no es un esquema rígido”, expresa además.

Para Acosta una de las principales conclusiones es que hace falta mejorar las formas de respuesta frente a la violencia y priorizar la intervención interinstitucional. “Nosotros ponemos mucho énfasis en que es más importante el trabajo preventivo –dice Acosta- incluso desde la justicia hay una apertura para que se trabaje más en las fases preventivas que en resolver los conflictos que ya están consumados, donde ya hay una norma que indica cómo tratar esos casos”.

En este orden señala que “lo fundamental para mi es que existan políticas sociales básicas para que esos derechos se hagan efectivos”.

Quienes deben desarrollar esas políticas son tanto el Poder Ejecutivo provincial como el municipal que tiene competencia.” Deben ser políticas que deben ser conciliadas para hacer un trabajo sobre todo preventivo”, dice.

Las tareas de prevención no necesariamente tienen que ser específicas, ya que según Acosta “no solo se hace prevención dando charlas sobre educación sexual o consumos problemáticos, sino que hay que generar espacios de recreación, deporte, arte y cultura, y en ese sentido veo que es una actividad fluctuante”.

Aníbal Gerardo Acosta, especialista en derecho de Familia, se desempeña como defensor Mayor, responsable en Río Grande y Tolhuin del Ministerio Público de la Defensa.
Aníbal Gerardo Acosta, especialista en derecho de Familia, se desempeña como defensor Mayor, responsable en Río Grande y Tolhuin del Ministerio Público de la Defensa.