Fiscales de Estado de trece provincias presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un planteo de inconstitucionalidad con la intención de dejar sin efecto las medidas dispuestas por Macri, que afectan recursos de la coparticipación federal.
RIO GRANDE.- A través de un escrito presentado por la Fiscalía de Estado, la gobernadora Rosana Bertone junto a otros doce mandatarios provinciales materializaron este lunes la presentación de una demanda de inconstitucionalidad y un medida cautelar contra el paquete económico que puso en vigencia el presidente Mauricio Macri, que afecta recursos de la coparticipación federal de impuestos.
Los gobernadores realizaron presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en forma separada, para que se declare inconstitucional el decreto presidencial que establece la reducción del IVA en algunos productos de la canasta familiar, y la suba del mínimo no imponible en Ganancias.
Además, tanto Bertone como los demás mandatarios provinciales, solicitan a los jueces del máximo órgano judicial del país que se dicte una medida cautelar para que no se le retraigan recursos a las provincias de la coparticipación hasta que no se dicte un fallo de fondo.
Las presentaciones individuales fueron realizadas por Salta, Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe y San Juan.
La semana pasada, Rosana Bertone participó de una reunión con otros gobernadores en la sede del Consejo Federal de Inversiones, al término de la cual se emitió un duro documento criticando las acciones dispuestas por el presidente Macri, al decidir en forma unilateral afectar fondos de las provincias para buscar aliviar el ajuste que provocó a la gente la fuerte devaluación del peso tras las elecciones de las PASO.
Razones de la demanda
En una nota firmada por Cindy Monzón, en el portal Diariojudicial.com; se consigna que entre las medidas cuestionadas por las provincias está la eliminación del IVA para los alimentos de la canasta básica, impuesto que se reparte entre la Nación y las provincias. Si bien es cierto que, al igual que la Nación, las provincias perderán recaudación (unos 5.000 millones, en los 4 meses que durará la medida), esto se vería compensado por el aumento del consumo y la misma inflación.
Igualmente, para los gobernadores, la medida es inconstitucional porque no cumple con lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución Nacional, en cuanto señala que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos”.
Las provincias opositoras se unieron para unificar criterios aunque presentaron las cautelares en forma individual por cada distrito. Piden la declaración de inconstitucionalidad de los decretos presidenciales porque estos suponen una baja importante de recursos y porque el Presidente no puede disponer en materia tributaria sin el aval del Congreso.
Los gobernadores que acordaron acudir al Máximo Tribunal de Justicia explicaron que lo dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri “afecta intereses de las provincias, toda vez que dispone de fondos que pertenecen a las provincias, de modo inconsulto” y vulnera “el principio de legalidad cuanto el sistema de coparticipación que impone la necesidad de abiertos entre Nación y Provincias para modificar recursos coparticipables, como ocurre con Ganancias”.