Se trata de la demanda colectiva que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial de Río Grande, donde se pide una reparación por daños y perjuicios, la devolución simbólica de la plata cobrada de más y, que la Justicia, los obligue a facturar y vender los autos a valor diferencial al del continente, por vigencia de los beneficios impositivos de la Ley 19640.
RIO GRANDE.- Compradores, asociaciones de interés social y las instituciones públicos o privadas, tienen tiempo hasta el martes de la semana que viene para adherir a la demanda colectiva que se instrumenta en el Juzgado Civil del esta ciudad, contra las concesionarias oficiales de automotores, por sobreprecio en el valor de las unidades comercializadas en Tierra del Fuego.
Así lo difundió el Tribunal que tiene a su cargo la causa, la que estableció un plazo de cinco días, a partir de la última publicación de un edicto en el Boletín Oficial, plazo que comenzó a operar a partir del lunes 14 de noviembre (el edicto se publicó durante tres ediciones).
“La difusión de la demanda tiene como objeto la posibilidad de que los adquirentes de vehículos en Tierra del Fuego, las instituciones públicos o privadas, asociaciones de interés social que desearen, adherirse a la misma, puedan ejercitar su derecho hasta cinco días posteriores contados a partir de la última publicación en el Boletín Oficial. La adhesión deberá ser efectuada mediante escrito con firma de letrado presentado en el Juzgado”, indica el edicto publicado.
La demanda colectiva dio lugar a la formación del expediente 26805, caratulado “Feuillade María del Carmen y otros c/Volkswagen Argentina SA y otros s/Protección de Intereses Colectivos o Difusos” y se tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Río Grande.
Lo que se reclama
Un grupo de consumidores, afectados por estas prácticas, ha demandado, ante el Poder Judicial de la Provincia, a los vendedores fabricantes de los vehículos que adquirieron, solicitando que se condene a los responsables a:
-Reparar integralmente los daños y perjuicios ocasionados a los consumidores que hubieren adquirido vehículos en Tierra del Fuero a partir del 1 de enero de 2001, mediante maniobras ilícitas para apropiarse de los beneficios fiscales otorgados a los consumidores del Area Aduanera Especial de Tierra del Fuego, por Ley 19.640, vendiendo sus vehículos al mismo precio o superior que el territorio nacional continental, en directa violación a las leyes 24.240 y 25.156 y disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación.
-Que se los condene al pago a favor de los consumidores que demandan y los que se adhieran a partir de la difusión de la demanda de una suma ejemplar de las operaciones comerciales ejecutadas en el largo período investigado, la existencia de otras sanciones administrativas, la existencia de otros damnificados con derecho a reclamación y la actitud de los demandados dañadores con posterioridad al hecho que motiva la pena.
-Que se ordene a los demandados a facturar y vender a los consumidores por intermedio de sus concesionarios oficiales en Tierra del Fuego los vehículos que les remitieron, a un precio que refleje la totalidad de las exenciones fiscales, presentes o futuras, que la Nación otorga a dichos consumidores, siendo estas a la fecha de promoción de esta demanda, el impuesto interno, el impuesto al valor agregado, la tasa de estadística y el derecho arancelario aduanero, en su caso.
Principales fundamentos
Tierra del Fuego se encuentra dentro de un mercado libre llamado Area Aduanera Especial. Este mercado fue establecido por el régimen de promoción económica de la Ley 19.640. En razón de ello, todos los residentes de Tierra del Fuego gozan de la exención de todos los impuestos, tasas y aranceles nacionales que se deben pagar en el resto del país.
Hasta el año 2001 los precios de los vehículos en Tierra del Fuego eran sustancialmente inferiores a la vigente en el resto del país y similares a los del mercado exento más cercano. Sin embargo, a partir de ese año, los precios de los vehículos subieron hasta resultar iguales o superiores a los del resto del país.
Ello se debió a la implementación de restricciones a los consumidores para adquirir vehículos fuera de los concesionarios oficiales, que permitió fijar precios más altos y apropiarse de esta forma de los beneficios fiscales que les corresponden a los consumidores.
Luego de una investigación de seis años, en diciembre de 2014, el Estado Nacional, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia constató que los fabricantes, que comercializan sus vehículos en Tierra del Fuego, se apropiaron, mediante la suba de sus precios, de los beneficios fiscales que le corresponden a los consumidores finales residentes en esta provincia, con el daño agregado de dichos vehículos sufren una severa restricción de uso y propiedad de entre 3 y 5 años, desde la fecha del patentamiento.
