Hubo condenas en suspenso en la causa de corrupción con subsidios ocurridos en la gestión de Fabiana Ríos

En noviembre de 2016 la ministra de Desarrollo Social Paula Gargiulo junto al jefe de Gabinete, Leonardo Gorbcaz, hicieron públicos los hechos detectados con el uso indebido de subsidios del programa RedSol. El caso ganó mucha trascendencia en ese entonces y se inició el proceso que culminó en total silencio, en febrero de este año, con aplicación de condenas en suspenso a una exfuncionaria del gobierno de Fabiana Ríos.

USHUAIA.- Ayelén Magalí Golovca, funcionaria de Desarrollo Social, a cargo de los subsidios RedSol y su tío, Héctor Segovia, fueron condenados por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública, a través de un proceso de omisión de debate concretado por el Tribunal de Juicio en lo Criminal, al que prestó acuerdo el fiscal Fernando Ballester Bidau.
De esta forma, una causa tan resonante, que tuvo impacto en la sociedad en noviembre de 2016 cuando fue denunciado por la ministra de Desarrollo Social, Paula Gargiulo, se resolvió en absoluto silencio, evitando hacer público el juicio oral que derivó en la aplicación de penas que son de cumplimiento en suspenso.
En la resolución judicial del pasado 27 de febrero (fue hace un mes y recién se conoció este jueves), los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla; condenaron a Ayelén Magalí Golovca a la pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua, al ser considerada autora material y penalmente responsable de los delitos de peculado reiterado -15 hechos- en concurso real con insolvencia fraudulenta, por hechos cometidos en Ushuaia, entre 2015 y 2016, en perjuicio de la Administración Pública Provincial.
En tanto, al imputado Héctor Segovia (tío de Golovca), fue condenado a la pena de 3 años de prisión en suspenso como partícipe necesario material y penalmente responsable del delito de peculado reiterado -15 hechos-, por los hechos cometidos en Ushuaia, entre 2015 y 2016, en perjuicio de la Administración Pública.
Los magistrados dispusieron que los condenados cumplan las siguientes reglas de conducta por 3 años, tales como comunicar al Juzgado de Ejecución todo cambio de residencia que efectuaren; someterse al cuidado del Patronato y abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas.

Maniobras
Los jueces del Tribunal de Juicio describieron tres maniobras que fueron aplicadas por los condenados para percibir el cobro irregular de planes sociales:
-Incorporación de nuevos beneficiarios al Programa, a quienes valiéndose de excusas nunca les permitieron cobrar el subsidio, ya que lo percibía Héctor Segovia en calidad de autorizado.
-Omisión de informar las bajas que se daban en el padrón a la Dirección de Administración Financiera del Ministerio de Desarrollo Social: Golovca citaba a los beneficiarios y les informaba sobre el cese del programa, pero en los registros internos los dejaba activos para la posterior confección de autorizaciones que le entregaba a su tío Segovia.
-Empadronamiento de ciudadanos que desconocían la existencia del programa.
De la pericia contable en la que se analizaron 186 casos, surgió que había 145 autorizaciones extendidas a favor de Segovia por la suma total de 290.000 pesos, todas con la firma de Golovca.
Así, el condenado Segovia se presentó en 15 oportunidades en la entidad bancaria para cobrar subsidios en calidad de autorizado. En enero de 2016 llegó a percibir la suma del beneficio correspondiente a 23 personas.

Antecedentes del caso
El Programa RedSol fue creado por el Ejecutivo Provincial, mediante el Decreto 640 del año 2000, con el propósito de asistir temporariamente a personas en situación de vulnerabilidad, a través del otorgamiento de un subsidio monetario.
Ayelen Magalí Golovca ocupaba el cargo de directora General de Planificación Estratégica y Operativa en el Ministerio de Desarrollo Social y durante los años 2015 y 2016, ostentando de la responsabilidad que le confería la función, autorizó a su tío, Héctor Segovia, a que perciba 145 planes sociales RedSol.
La investigación se originó tras la denuncia de la ministra de Desarrollo Social, Paula Gargiulo, el 13 de septiembre de 2016, a raíz de diversas irregularidades que fueron detectadas en el Ministerio vinculadas a la confección y actualización de altas y bajas de beneficiarios del programa.
Unos días antes de la denuncia, el 7 de septiembre, la funcionaria había sido advertida mediante una nota del Supervisor de Cajas de la Sucursal Ushuaia del Banco de Tierra del Fuego, donde le solicitaban información relativa a determinadas autorizaciones del cobro de los planes RedSol.
En aquel entonces y ante presuntas irregularidades, la funcionaria provincial solicitó la urgente creación de una “Comisión de Evaluación y Seguimiento del Programa Provincial Red Solidaria de Estímulo Económico para las Personas en Situación de Riesgo” (RED-SOL), a los fines de llevar a cabo las tareas de auditoría y relevamiento.
De esa auditoría se detectó que algunos de los autorizantes que figuraban en los registros bancarios “no habían cobrado el subsidio ni por sí mismos ni por terceros de su confianza, mientras que otros directamente estaban dados de baja como beneficiarios”, se remarca en los fundamentos de la sentencia.
Durante la etapa de investigación, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Sur, todos los testigos citados “desconocieron la firma insertada en los comprobantes correspondientes al pago del plan”; aclararon que ellos no habían cobrado dicho importe y manifestaron que no conocían a ninguna persona de nombre Héctor Segovia y que nunca habían extendido autorización alguna para que terceros cobraran en su nombre.

El noviembre de 2016, el ministro Leonardo Gorbacz junto a la ministra Paula Gargiulo hicieron pública la maniobra detectada con el programa RedSol. La causa se resolvió en total silencio, casi dos años después.