El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que la expropiación de Vicentin “es un remedio absolutamente excepcional” y no “una regla”; pero insistió con que si le traen “una mejor solución, encantado la tomaría”, ya que no es “amigo de las expropiaciones”.
BUENOS AIRES (NA).- “Si me traen una mejor solución, la tomo encantado. No soy amigo de las expropiaciones”, explicó el mandatario, que descartó que Vicentin sea un primer paso hacia otras estatizaciones en el futuro.
Según el Jefe de Estado, Vicentin “es una empresa en quiebra” que “tomó créditos a diestra y siniestra”, acumulando deuda que los propios dueños admiten que “no están en condiciones de pagar”.
“El motivo por el cual no veo otra forma de hacerse cargo que no sea la expropiación es porque lo otro sería muy turbio.
En declaraciones al programa “Incorrectamente Políticos”, que se emite por radio Rivadavia, Fernández explicó que no se está expropiando una empresa “que era una maravilla” sino una empresa cuyos “dueños dicen que no pueden hacer frente a sus obligaciones”, y que “le piden al Estado que invierta en la empresa” porque ellos “están quebrados”.
“No lo digo yo, lo dicen ellos. Ellos declararon el estrés financiero, ellos me dijeron el otro día que no pueden hacer frente a sus obligaciones. Ellos me pidieron que el Estado se hiciera cargo”, insistió.
Según señaló, la diferencia es que los actuales dueños de Vicentin proponen “procedimientos poco posibles de llevar a cabo”.
No obstante, se mostró abierto a una “solución” alternativa en caso de que alguien encuentre esa fórmula superadora.
De hecho, Fernández mencionó que propuso y está sobre la mesa la posibilidad de incorporar a empresarios privados y al Gobierno de Santa Fe al proyecto, si bien el proceso será conducido por el Estado a través de YPF Agro.
Además de la situación de quiebra que atraviesa la empresa, el Jefe de Estado mencionó como argumento para justificar la decisión el hecho de que el Estado pueda hacerse de un “bien estratégico” como es la producción y exportación de cereales”.
A su vez, destacó que el Estado podía intervenir con una compañía “testigo” en un mercado que considera “muy concentrado”, ya que “está manejado “por siete cerealeras, de las cuales cuatro son extranjeras” y que son las que controlan hasta ahora los precios que les pagan a los productores.
Fernández admitió que la situación de Vicentin “es un tema complejo”, pero aclaró que intenta “desideologizarlo” y explicó que la medida se tomó por “pura racionalidad económica”.
“Para mí esto no es ni épico ni simbólico. Es una medida de racionalidad económica”, enfatizó, y agregó que no quisiera ver que se repita la experiencia del 2001, cuando varias empresas argentinas pasaron “a manos multinacionales”.
En tanto, añadió que la soberanía alimentaria “es que la Argentina no importe soja, como hizo Vicentin en los últimos años, importando soja del Paraguay”.