Con el voto unánime del cuerpo el Parlamento fueguino amplió de tres a cinco los miembros del Superior Tribunal de Justicia. El proyecto presentado hace algunos meses atrás tuvo breve debate y fue muy cuestionado por sectores del ámbito político, judicial y sindical.
USHUAIA.- La Legislatura de Tierra del Fuego sancionó el proyecto de ley que amplía de tres a cinco el número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, el cual había sido cuestionado por diversos sectores del ámbito judicial y sindical pero que, en definitiva, contó con apoyo del oficialismo a través de sus legisladores.
La iniciativa fue aprobada por los 14 parlamentarios provinciales que participaron de la sesión realizada por primera vez de manera mixta, ya que algunos lo hicieron de forma presencial en el recinto de la ciudad de Ushuaia y el resto por videoconferencia desde la ciudad de Río Grande.
La ampliación de la Corte fueguina fue propuesta hace algunos meses, en cuarentena, por los actuales jueces de ese organismo, entre ellos su actual presidente, Gonzalo Sagastume, quien actuó de vocero de la institución durante las reuniones de comisión en la cual se analizó escuetamente el tema.
Sagastume argumentó la necesidad de agregar más jueces ante el hecho de que la población fueguina “creció un 107 % desde 1991, cuando se creó la provincia, hasta 2020, lo que trajo aparejado un notable aumento en la demanda de intervención de conflictos y en el índice de litigiosidad”.
Según el Juez, la Secretaría de Demandas Originarias de la Corte fueguina aumentó un 76% la cantidad de causas solo en los últimos dos años de trabajo, debido a “la cantidad de juzgados nuevos”.
“Con una mirada a futuro, esta ley resulta razonable”, analizó Sagastume sobre el proyecto que votaron las bancadas oficialistas y opositoras y que ahora deberá ser promulgado por el gobernador Gustavo Melella.
Incluso su par, María del Carmen Battaini, aseguró cuando el proyecto recién comenzaba a debatirse, que “es un tema que se viene hablando hace mucho tiempo en función de la cantidad de casos de la provincia. Se viene evaluando, no es una imposición, sino una necesidad en función de los porcentajes de los casos que llegan”.
“Somos el único Superior Tribunal de Justicia del país con tres miembros; quedaba Santa Cruz y hace bastante tiempo que incorporó dos más. El resto tiene de cinco para arriba. Eso depende del nivel de judicialización, de la complejidad de las causas. Siempre es conveniente que pasen las causas complejas por mayor cantidad de jueces”, aseguraba allá por mayo de este año.
Voces en contra
Diversos sectores sociales cuestionaron la medida, ya sea por la oportunidad -en medio de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus- como por el impacto presupuestario y por la falta de una cláusula de género que garantice la participación de mujeres en la nueva estructura judicial que solo cuenta con un cargo máximo.
Por ejemplo, el abogado constitucionalista de Ushuaia, Federico Rauch, consideró que cada uno de los nuevos magistrados le costará al Estado provincial “unos 4 millones de pesos por mes”, considerando su propia remuneración y la estructura que lo rodea.
“Son 80 millones de pesos por año más los fondos necesarios para la construcción y/o ampliación de las oficinas y despachos necesarios para el nuevo personal. Es un proyecto inoportuno y con grandes falencias”, afirmó el letrado.
En tanto, el secretario general de la Unión Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), Luis Bechis, sostuvo que “en este momento de crisis económica y de parálisis judicial por la pandemia, no se debería haber planteado la ampliación de la Corte Suprema fueguina”.
El sindicalista coincidió en que la medida tendrá una “fuerte incidencia presupuestaria” y deslizó que el propósito final del proyecto es “la designación de jueces cuyos nombres ya se conocen de antemano y la justicia no merece esto”.
¿Estamos en sesión?
Una apostilla que sucedió antes de ser sancionada la ampliación de la Corte tuvo como protagonista al legislador del MPF, Damián Löffler. En momento que se cerró el tiempo de oradores y se aprestaba a someter el asunto a la votación nominal, el parlamentario consultó si la cámara estaba aún en comisión o ya estaba en sesión. Lo planteado hizo que todos entraran en duda y obligó a un cuarto intermedio para recurrir a la versión taquigráfica y establecer cuál era la situación.
Luego de unos minutos y luego de ratificado que la cámara estaba en sesión, desde la Secretaría Legislativa se procedió a pasar lista de los legisladores para conocer que todos votaron por la “afirmativa”.