El conflicto se inició en 2018 cuando el entonces intendente Gustavo Melella resolvió seguir adelante con la construcción del edificio frente al ingreso de ambulancias del Hospital Regional Río Grande y la gobernadora Rosana Bertone llevó el reclamo a la justicia.
USHUAIA.- El mes pasado, mientras la vicegobernadora Mónica Urquiza se encontraba a cargo del Ejecutivo, autorizó al Fiscal de Estado a desestimar una acción judicial iniciada en 2018 por el Gobierno provincial contra la Municipalidad de Río Grande, por la construcción del Centro de Transferencia frente a la entrada de ambulancias del Hospital Regional de esa ciudad.
La medida -que lleva la firma de Urquiza y del ministro Jefe de Gabinete Paulo Tita- fue ordenada el 11 de junio pasado mediante decreto 1167/21 y se conoció ayer, al ser publicada en el Boletín Oficial. En ella se establece “autorizar al señor fiscal de Estado de la Provincia, Dr. Virgilio Martínez de Sucre, y/o a quien lo sustituya, a realizar el Desistimiento de la acción en los autos caratulados: “Provincia de Tierra del Fuego c/ Municipalidad de Río Grande s/protección de intereses colectivos o difusos” (Expte. Nº 33.472), que tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 1 del Distrito Judicial Norte”.
El decreto recuerda que “en el año 2018 se presentó ante la justicia una demanda con sustento en dictámenes e informes técnicos producidos por la Administración, por la existencia de un conflicto entre la Municipalidad de Río Grande y el Ejecutivo Provincial, respecto de la creación de un “Centro de Transferencia de Pasajeros” proyectado frente a la fachada del Hospital Regional de Río Grande, sobre la acera de la calle Belgrano de esa ciudad”.
Agrega que “el proyecto licitatorio iba a habilitar dos accesos al sector de Guardia de Emergencia tanto para el sector Adultos como Pediátrico del mencionado nosocomio” y que “la existencia de un conflicto entre la Municipalidad de Río Grande y el Ejecutivo Provincial dio inicio a las actuaciones judiciales” en las que “se solicitó una medida precautoria para suspender los trabajos llevados a cabo en el predio por el Municipio y/o terceros contratistas hasta tanto se resuelva el fondo del asunto”.
Según indica la norma firmada por Urquiza, “el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos estimaron que a la fecha la finalidad del litigio habría perdido virtualidad debido a la existencia de un nuevo proyecto edilicio, cuyo proceso licitatorio fue iniciado”; y que “el nuevo proyecto contempla la reubicación del lugar de la Guardia del Hospital Regional de Río Grande, motivo por el cual el señor Fiscal de Estado solicita al Poder Ejecutivo el desistimiento de la acción con el fin de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario”.
De esta manera se dio fin a un conflicto que tuvo al gobernador Gustavo Melella a ambos lados del mostrador, ya que se originó mientras él se encontraba al frente a la intendencia de Río Grande.
Intereses difusos
En octubre de 2018 la entonces gobernadora Rosana Bertone resolvió iniciar un reclamo judicial contra la municipalidad por la construcción del Centro de Transferencia de Río Grande, un edificio ubicado en la avenida Belgrano, frente al Hospital Regional, destinado a agilizar el servicio de transporte público de pasajeros con comodidades para el ascenso y descenso de pasajeros.
El lugar que finalmente fue habilitado en 2019, cuenta con baños públicos, boxes con atención del municipio y de la empresa Citybus, terminales de recarga de crédito del boleto estudiantil y de la tarjeta SUBE, como así también está instalado el plano autorizado con las modificaciones graduales.
El cuestionamiento central del Gobierno provincial durante la construcción del edificio era que obstruía el ingreso a una de las guardias del nosocomio, que por aquella fecha también estaba en plena obra de construcción de nuevos sectores de atención al público, entre ellos nuevo hall de ingreso.
En varias oportunidades, Bertone llamó “a la reflexión” a las autoridades municipales y les solicitó detener las obras, sin embargo, el gobierno del entonces intendente Gustavo Melella siguió adelante con ella.
Al iniciar la demanda contra la Municipalidad de Río Grande, Bertone aseguró que el Gobierno tenía informes producidos por emergentología de la provincia que indicaban que la ubicación del Centro de Transferencia en la acera del nosocomio “será una bomba de tiempo”.