La opinión del doctor Virgilio Martínez de Sucre puede ser la entrada que habilite al gobernador Gustavo Melella a proceder a derogar el decreto que aprobó la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo que en su momento fue cuestionado por el actual Mandatario.
USHUAIA.- El Fiscal de Estado emitió un duro dictamen contra el Convenio Colectivo de Trabajo que fue firmado por el anterior gobierno de la provincia con algunos gremios estatales y aconsejó a la actual administración de gobierno que verifique de forma exhaustiva si se “ajuste al orden público vigente y al interés general”.
La opinión del doctor Virgilio Martínez de Sucre surgió en el dictamen 1/2020, fechado el pasado 6 de enero y surgió a partir de la presentación de José Luis César Jairo, quien denunció el contenido y los alcances del convenio que firmó la exgoberandora Rosana Bertone junto a los dirigente de ATE, ATSA y UPCN.
La intervención del organismo de control no es menor, ya que podría habilitar el gobernador Gustavo Melella a proceder a derogar el decreto 4115/19 por el cual se aprobó el Convenio Colectivo para los agentes públicos de la administración central. El actual Mandataria ya había objetado la posible ilegalidad de esa herramienta laboral.
“El Ministerio de Trabajo deberá proceder urgentemente a verificar de forma exhaustiva y acabada si el convenio colectivo celebrado el 28 de noviembre del corriente se ajusta al orden público vigente y al interés general, observando aquellas clausulas que resultan repudiables a aquellos”, es una de las conclusiones volcadas por el Fiscal de Estado.
El dictamen subraya que “se advierten llamativas anomalías”, y enumera, las siguientes:
-Se prescinde completamente del sistema de negociación establecido hasta ese momento.
-No intervienen los representantes paritarios ni se respeta el reglamento interno de la comisión aprobado tras extenso debate mediante resolución 201/19 y observado en líneas generales durante todo el expediente.
-Se forman expedientes administrativos independientes.
-Se desecha todo lo actuado hasta el momento y se propone un nuevo temario desde cero, a ser tratado fuera del ámbito de la cartera laboral, todo sin brindar ninguna explicación.
Otras opiniones
Martínez de Sucre expresa que “la reactivación de las comisiones paritarias se produce luego de más de cuatro años de no ser convocadas y a escasas semanas del recambio de autoridades provinciales. Luego, al extenso acuerdo se arriba en un plazo no mayor a un mes, sin constancia del debate habido en el seno de las partes”.
Agrega que “para colmo el convenio adolece de evidentes defectos de redacción, repite la numeración de artículos para clausulas distintas, demuestra una estructura confusa que ubica indistintamente titulo dentro de capítulos y viceversa, por mencionar algunas de los vicios” y puntualizó que “queda claro que lo ocurrido no coadyuda a dotar de transparencia y legitimidad al proceso de negociación”.
En otro párrafo de su dictamen dice que “del estudio de los expedientes se desprende que el acto homologatorio del Ministerio de Trabajo y el decreto emitido por el Poder Ejecutivo exhiben claramente una serie de irregularidades que me convencen de la necesidad de llevar a cabo por parte de la administración una pronta revisión de lo actuado”.
Y, más adelante dice que “el Ejecutivo deberá subsanar las omisiones incurridas en el decreto 4115/19 y someter la totalidad de las clausulas que impliquen incremento del gasto corriente, impacto y/o modificación de partidas presupuestarias, incluyendo las que estime pertinente el Tribunal de Cuentas”.
