Debaten el presupuesto y la extensión de la emergencia en la Legislatura

Con el propósito de cerrar el año con el presupuesto 2021 aprobado, el gobierno presentó el miércoles pasado un nuevo proyecto adaptado a las sugerencias y observaciones realizadas en comisión y a los recursos destinados por Nación en el presupuesto del año próximo.

USHUAIA.-  Esta reformulación contempla el incremento de gastos y recursos y un déficit de 13.700 millones de pesos, unos 735 millones de pesos menos que en el proyecto original.

En esta nueva previsión, se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a disponer la cesión de activos a favor de uno o más fideicomisos para la adecuación de los recursos obtenidos por la emisión del bono TFU27, por 200 millones de dólares, con el objeto de financiar la ejecución de obras de infraestructura empleando otras fuentes y mecanismos de financiamiento, así como de una mejor administración de tales recursos.

También autoriza a la renegociación de aquellos contratos que se encuentren en curso de ejecución, en sus términos económico-financieros y plazos de concesión hasta un plazo máximo igual al establecido en el contrato original, siempre que se trata de obras vinculadas con la prestación de servicios públicos que impliquen un alto contenido de interés para el desarrollo de las políticas provinciales de recursos naturales, turismo, industria, comercio de la Provincia o incorporación de bienes de capital de interés social para la prestación de servicios esenciales del Estado.

Además incorporó un monto de 124,6 millones de pesos para el pago de la expropiación de 66 parcelas en la margen sur de Río Grande que fueron declaradas de utilidad pública en 2019 mediante la ley 1287.

Los gastos

En materia de gastos, el proyecto reformulado estimó erogaciones por 75.340 millones de pesos, unos 1.445 millones de pesos más que los 73.984 millones estimados en el proyecto presentado el pasado 31 de agosto. En la estimación de ingresos se pasó de 59.435 millones a 61.616 millones; 2.180 millones de pesos más. De esta manera el déficit inicial estimado en torno a los 14.500 millones se reduce a 13.725 millones, unos 735 millones de pesos menos.

En función de ello, el resultado económico sigue siendo deficitario pero también se reduce en 721 millones de pesos, pasando de 4.741 millones a 4.020 millones de pesos.

En cuanto a la planta de personal, la única modificación corresponde a la del escalafón docente que aumentó en 60 cargos, que pasa de 5.250 a 5.850.

Prórroga de la Emergencia

Por otra parte, el Ejecutivo espera que la Legislatura apruebe el pedido de prórroga por un año de las leyes 1302 y 1312, que declararon la emergencia sanitaria y la emergencia económica, fiscal, financiera y social. 

En el proyecto presentado plantea la prórroga de la emergencia sanitaria en todo el ámbito de la Provincia en los mismos términos y condiciones planteadas en la Ley 1303, adecuando únicamente los montos del jurisdiccional para “las contrataciones de bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y obra pública que deban realizarse para garantizar el normal funcionamiento de los servicios de salud de la Provincia”.

Solicita la prórroga de la ley de emergencia económica, fiscal, financiera y social, que da sustento al programa Progreso. En ese marco da continuidad al Fondo de Asistencia del Financiamiento para el Sistema Previsional, que se financia con una alícuota adicional del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del 3%, e incorpora como novedad que los recursos recaudados en tal concepto “deberán imputarse a cuenta de la deuda consolidada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego como consecuencia de lo establecido en el artículo 24 de la Ley provincial 1068” y que “las sumas transferidas serán convertidas a dólar estadounidense según la cotización de la fecha de pago, según reglamentación”.

Asimismo, el Ejecutivo pide la prórroga, del fondo de la asistencia económica covid-19 destinado “a la asistencia de micro, pequeñas y medianas empresas constituidas como personas humanas o jurídicas, cooperativas, asociaciones civiles, mutuales y cuentapropistas, entre otros, mediante el otorgamiento de subsidios no reintegrables de carácter monetario, a través del Ministerio de Producción y Ambiente”.

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