Ramos Padilla amplió el procesamiento contra Stornelli.
BUENOS AIRES (NA).- El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, amplió ayer el procesamiento contra el fiscal federal Carlos Stornelli, quien está acusando de ser miembro de una asociación paraestatal dedicada al espionaje y a la extorsión, e impuso una caución de 10 millones de pesos.
El integrante del Ministerio Público cuestionó la medida judicial y aseguró que “es un refritado, más de lo mismo, son todas elucubraciones, inserciones de falsedades para fundamentar argumentos”.
Además, el magistrado le impuso la obligación de entregar su pasaporte, en el marco del expediente en el que está procesado junto a Marcelo D´Alessio.
Por otra parte, Ramos Padilla ya entendió que está finalizada la investigación respecto al fiscal federal y otros imputados y corrió vista a las partes para elevar la causa a juicio oral y público, una vez que los procesamientos queden firmes por la Cámara Federal de Mar del Plata.
En un fallo de mil páginas, el juez describió “la actividad de una organización paraestatal con fuertes vínculos con los tres poderes del Estado e incidencia en las instituciones democráticas mediante mecanismos de espionaje ilegal y pseudo mafiosos”.
Y advirtió que el objeto de la investigación “excede la intervención de uno o dos fiscales, un periodista, un falso abogado o dos directivos y un ex agente de la AFI”.
La ampliación de los procedimientos incluye a Stornelli, al periodista Daniel Santoro y a Pablo Pinamonti, un ex directivo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo.
La acusación incluye el delito de espionaje ilegal y para Stornelli por la tentativa de extorsión a Pablo Barreiro, el exsecretario presidencial de Cristina Kirchner por los supuestos “aprietes” para hacerlo declarar en la causa de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno.
Para D´Alessio se le amplió por otro caso de intento de extorsión.
En otro apartado de la resolución, el juez también extendió la acusación al suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone.
“Puede afirmarse que la instrucción se encuentra completa y en condiciones de dar inicio al proceso de su elevación para la realización de un debate público en el cual los involucrados podrán, de cara al tribunal y la sociedad, exponer sus razones y defensas”, cerró el magistrado.