Política

Instancia de negociación extrajudicial

El gobernador Gustavo Melella instruyó al fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, para que se presente en la causa Tierra del Fuego Energía y Química S.A. c/Provincia de Tierra del Fuego s/Contencioso Administrativo, en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.

Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre.

USHUAIA.- Mediante decreto 1346/2020, el gobernador Gustavo Melella instruyó al fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, “para que se presente en la causa Tierra del Fuego Energía y Química S.A. c/Provincia de Tierra del Fuego s/Contencioso Administrativo, en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, solicitando la suspensión de los plazos procesales por el plazo de 30 días hábiles, prorrogables en forma automática por idéntico plazo salvo que alguna de las partes solicite la reanudación de los mismos”.

El mandatario resolvió hacer lugar a un pedido de las autoridades de la empresa de capitales chinos y al representante de la Embajada de ese país en Argentina, que consideran de interés poder encontrar posiciones en conjunto para solucionar las diferencias existentes a partir de la demanda que decidió promover la exgobernadora Rosana Bertone contra TEQSA por incumplimiento de contrato.

El espacio de negociación entre el Gobierno y la empresa china surge a partir de “la mutua colaboración entre los Estados signatarios y sumado a que en la actualidad existen buenas relaciones bilaterales entre estas dos naciones, el mantenimiento de largos procesos judiciales en nada coadyuva a la realidad imperante en la Provincia”, y que por ello “resulta oportuno abrir un canal de diálogo entre las partes a fin de encontrar una solución que dirima el conflicto suscitado”.

Cabe recordar que, mediante decreto 1426/16 se resolvió rescindir, “por culpa de la firma Tierra del Fuego Energía y Química S.A (TEQSA)” el contrato de suministro de gas de regalías que había sido firmado en septiembre de 2010. Esa medida dio lugar a una acción contenciosa administrativa que inició la empresa, considerando que el mismo es nulo, arbitrario y viola el procedimiento legal vigente.

El negocio que inició la Provincia con la empresa de capitales chinos, en la época del gobierno de Fabiana Ríos, implicó el adelanto de 30 millones de dólares que recibió el Gobierno. A su vez, el Gobierno reclama 375 millones de pesos en concepto de multas e intereses por los incumplimientos en lo que incurrió TEQSA hasta la recisión del contrato.