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CADIC apelará la resolución judicial

El CONICET, en representación del CADIC, rechazó la medida dispuesta por la Justicia. Entre las consideraciones se remarcó que la medida del juez Calvete presenta fallas legales y conceptuales.

El CADIC, predio que se vio fuertemente dañado por la invasión de conejos.

RIO GRANDE.- La apelación fue presentada por la Gerencia de Asuntos Legales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en representación del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC). La misma, rechaza la resolución dictada por el juez Dr, Federico Calvete ante la Cámara Federal, por considerar que incurre en errores procedimentales, técnicos y legales; además de desconocer argumentos científicos aceptados a nivel mundial por organismos académicos, gubernamentales y ambientales.

En la resolución se indica que el CADIC debía suspender las acciones sugeridas, mientras los demandantes podrían comenzar a aplicar su propuesta de captura y castración de conejos en el predio de la institución, hasta tanto se lleve a cabo el juicio para tomar una decisión definitiva.
“El conejo es una especie exótica invasora en todos las regiones en las que se encuentra, a excepción de Europa, de donde es originario. La presencia del Conejo de Castilla en Tierra del Fuego, así como en el resto de los lugares que invade, produce daños que pueden ser irreversibles en los ecosistemas nativos. En esta región, el riesgo es mucho mayor ya que los ecosistemas subantárticos tienen una baja capacidad de recuperación ante tales agresiones externas”, expresaron desde CADIC.
La institución sostuvo que ya hay registros de zonas completas de vegetación nativa destruidas, además de la disminución de la capacidad productiva de las estancias locales: “Caleta Josefina y San Sebastián redujeron su productividad en más del 80%, pasando de tener 160.000 ovejas cada una a 60.000 entre las dos, a mitad del siglo pasado. También, al cavar en busca de raíces y para construir madrigueras, los conejos dañan yacimientos arqueológicos, paleontológicos y destruyen por completo los restos y la información que estos guardan”, ejemplificaron.
“Como sociedad debemos preguntarnos: ¿estamos dispuestos a asumir el riesgo de perder nuestra característica vegetación -como por ejemplo los calafates o los ciruelillos-, y con ella a muchas aves -como el zorzal patagónico, el chingolo, el comesebo patagónico, la ratona, la cachirla o el cachudito pico negro-, entre otras especies que crecen en relación con la vegetación nativa? ¿Estamos dispuestos, además, a resignar nuestro legado cultural, los valores simbólicos de nuestros originarios y la fertilidad de nuestras tierras?”, llamó a la reflexión la institución científica.
Otro factor expuesto entre los argumentos es el sanitario. Desde el CADIC sostuvieron que los conejos portan enfermedades que pueden ser transmitidas a humanos, entre ellas un tipo de coronavirus con posibilidad de establecer un cruce a otras especies. Pero también está presente la bacteria que produce el Síndrome Urémico Hemolítico; Tularemia o fiebre del conejo, que puede llegar a ser mortal, entre otros virus, bacterias, hongos y parásitos.
En cuanto a la obligación legal, recalcaron que, según leyes nacionales y tratados internacionales, el conejo no sólo no pertenece a una naturaleza que debe ser protegida sino que, por el contrario, es una especie exótica y constituye un peligro que debe ser controlado.
Finalmente, en referencia al método de control propuesto como alternativa. Describieron que la propuesta presentada a la Justicia carece de precisiones y no cuenta con aval científico ni antecedentes prácticos. Además, no indica técnicas de captura y castración, los recursos necesarios para llevar a cabo la medida ni el tiempo que tomaría. Y deja abiertos interrogantes relativos al alojamiento de 200 conejos en un predio de 60 m2, su alimentación y otros.
Finalmente, desde el CADIC recordaron que están para proteger el patrimonio natural y simbólico fueguino: “Lejos está de nosotros una actitud intransigente, estamos abiertos al diálogo y al trabajo conjunto, pero siempre poniendo como valor supremo el cuidado del ambiente y de la cultura, aspectos que se ignoran por completo en la mencionada resolución judicial. Entendemos el sentimiento de quienes quieren encontrar soluciones alternativas, pero esto no puede hacerse a costa de nuestra memoria, de nuestra salud y del derecho a vivir de nuestras plantas y animales”, concluyeron.