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El Gobierno electo pidió ante la Justicia frenar la obra del Corredor del Beagle

En la presentación aseguran que la obra no puede seguir en las condiciones actuales porque pone en riesgo patrimonio ambiental y arqueológico de la provincia. Aclaran que no están en contra del proyecto.

El amparo del Gobierno electo es para que Gancedo no siga adelante con los trabajos de construcción de la ruta.

USHUAIA.- Una acción de amparo contra el Gobierno y la empresa Gancedo fue presentado el viernes ante el Juzgado Civil 2 impulsado por el gobernador electo Gustavo Melella, el cual tiene como finalidad que se ordene la paralización de los trabajos en la obra del denominado Corredor del Beagle.
El escrito judicial también fue firmado por la vicegobernadora electa, Mónica Urquiza. El mismo consta de 45 fojas y fue presentado en sede judicial por el actual legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas y el legislador electo de Forja, Federico Greve.
De lo que se desprende del escrito, la finalidad del amparo es la de evitar la profundización del daño al patrimonio ambiental y arqueológico de la provincia, y por ende de los fueguinos; estos provocados por los modos en que se encuentra llevando a cabo la ejecución de las distintas obras relacionadas al Corredor del Beagle.
La vicegobernadora electa Mónica Urquiza sostuvo que “nos hicimos eco del reclamo de los vecinos de nuestra provincia y de sus organizaciones ambientalistas, a fin de lograr entre todos un desarrollo sostenible que represente en los hechos, un equilibrio entre el desarrollo económico, la inclusión social y la protección del ambiente”.
En tanto, el legislador electo Greve aclaró que “no estamos diciendo que la obra no sea necesaria, pero así como está planteada y se viene realizando no puede continuar. Debemos realizar seriamente los estudios de impacto ambiental, sin aprietes de por medio, convocar a los especialistas que sean necesarios, analizar a fondo los estudios que se han hecho sobre este tema y planear responsablemente una obra de estas características”.
Los amparistas sostienen que “la obra contraría derechos y garantías constitucionales nacionales y provinciales, como así también derechos reconocidos en los distintos tratados internacionales con jerarquía constitucional”.
Greve sostuvo que “por los canales políticos no hemos podido siquiera lograr que el Ejecutivo se siente en una mesa de diálogo en la que entidades preservacionistas y especialistas en la materia puedan explicar los daños irreparables que ocasiona la obra así como está planteada. Por eso no nos quedó otro camino que recurrir a la vía judicial”.