Política

Acuerdo para la expropiación

Legisladores del oficialismo y de la UCR-Cambiemos se mostraron propensos a la aprobación de la ley que permitirá expropiar las tierras de productores de la Margen Sur para que regularicen su situación dominial, en un trámite que esperan hace más de 15 años.

RIO GRANDE.- En el Centro Cultural Yaganes, los legisladores provinciales mantuvieron una extensa reunión con vecinos de la Margen Sur donde se analizó el proyecto de ley de expropiación de tierras para regularizar la situación de los productores de dicha zona de la ciudad.
La discusión se basa en una ampliación de la ley 848 que hace casi una década estableció la expropiación de predios en esa zona de la ciudad, muchos de los cuales fueron judicializados y su situación aún sigue sin resolverse.
Se llegó al debate del asunto porque la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, asumió el compromiso de remitir al Parlamento provincial un nuevo proyecto de expropiación que tuvo como epicentro del debate el encuentro realizado este jueves en Río Grande.
El legislador Pablo Blanco, quien encabezó la reunión de comisión, basó el debate en la necesidad de una ley que regularice la posesión de las tierras al sur de la ciudad y que ocupan “hace más de 20 años” distintos huerteros, productores y chacareros.
Asimismo, sus pares presentes en el encuentro aseguraron contar con los consensos para que, antes que finalice el mandato de la actual composición de la Legislatura, se cuente con la normativa que propuso el Ejecutivo fueguino.
Durante la reunión, tres asociaciones de productores, huerteros y chacareros expusieron sus posturas relacionado al proyecto de ley y la realidad que viven día a día. También lo hicieron vecinos que se encuentran comprendidos en el tratamiento de la expropiación de las tierras de la zona.

A favor y en contra
Las voces apoyando el proyecto se replicaron durante la reunión en Río Grande. Sin embargo, también hubo posturas en contra de la propuesta o, al menos, planteando ciertas irregularidades en torno al proyecto de expropiación que podrían perjudicar a empresarios ya afincados en la zona.
Carlos Verategua, de la Asociación ‘Shelknam’, expuso ampliamente sobre la necesidad de contar con la regularización de las tierras de la zona. “Hay agrupaciones de productores, chacareros y huerteros con más de 15 años de trabajo en ese lugar”, justificó el chacarero.
Asimismo, Héctor Gómez, de la Asociación ‘Civil Chacareros Fueguinos’, también expuso la situación de sus representados sobre el acceso a la tierra y la necesidad de dar tratamiento al asunto legislativo para garantizar la titularidad de los emprendimientos productivos.
A su turno, otro chacarero, Marcelo Maciel, también expuso sobre la necesidad de eliminar los estereotipos y dejar de utilizar términos como “asentamientos” o “usurpas” al referirse a los productores afincados al sur del río Grande.
En contrapartida, los parlamentarios recibieron tres notas de particulares y empresarios, que están dentro de los seis macizos de la sección a expropiar, los cuales señalaron estar en situación regular y contar con toda la documentación de los terrenos que les pertenecen por legítimo derecho.
Uno de ellos, precisamente el empresario Ezequiel Aimetta de Continental Maderas, dijo en el encuentro que “tenemos tres predios que son de nuestra propiedad, hace 20 años que trabajamos ahí”.
“Nosotros bajamos los servicios en la zona, lo hicimos por nuestra cuenta y hoy nos encontramos con un proceso de expropiación que pone en riesgo no solo la titularidad de nuestros terrenos sino además 30 fuentes de trabajo”, denunció.

EL ASUNTO
El proyecto elevado por el Gobierno provincial a la Legislatura contempla la expropiación de los terrenos ubicados en la sección K, macizo 63: parcelas 1 a 21; macizo 64: parcelas 1 a 25; macizo 65: parcelas 1 a 23; macizo 66: parcelas 1 a 20; macizo 67: parcelas 1 a 3; macizo 68: parcela 1 y macizo 69: parcelas 1 a 4 inclusive.
La propuesta afirma que el objetivo es “implementar todas las alternativas para el desarrollo y la generación de empleo”, lo que permitirá a Tierra del Fuego “llevar adelante programas y proyectos que faciliten la producción regional de alimentos de origen vegetal y animal, con cercanía al consumidor final y puntos de distribución”.
Por otra parte, en el documento remitido a la Legislatura provincial se adjunta un informe socio productivo elaborado por la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Comunitaria, donde se detallan los orígenes agrícola y pastoril de la ciudad.
Asimismo, acompaña “información catastral emitida por la Gerencia de Catastro Provincial de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF); informes domínales del Registro de Propiedad Inmueble del Poder Judicial de la Provincia; del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en carácter de organismo para conocer la utilidad que brindaría a sus planes y tareas; la situación del inmueble conforme la normativa municipal y las tasaciones realizadas por el Tribunal de Tasaciones de la Nación”.
También, en su articulado se prevé la creación de una “comisión de chacras la que estará integrada por ocho representantes del Poder Ejecutivo, dos por cada área con competencia vinculada al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; al Instituto Provincial de Vivienda (IPV), al Ministerio de Gobierno y Justicia y a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)”.
En este sentido, el espacio de análisis tendrá la función de “gestionar la asistencia técnica; obtener y suministrar información de asistencia financiera destinada a la producción agropecuaria; asesoramiento y capacitación a los productores y al Estado, para la elaboración de proyectos productivos del sector, normativas, convenios, programas, planes y subsidios, de formación, investigación y de mercados, entre otros”.