Política

Río grande pide frenar concesiones petroleras

Ayer, se firmó un amparo colectivo en el marco de una convocatoria multisectorial efectuada por el intendente de la ciudad Gustavo Melella. También participaron representantes de diferentes espacios políticos, sindicales, institucionales, sociales y de entidades de la comunidad.

La reunión entre los representantes de las organizaciones que firmaron el Amparo colectivo.

RIO GRANDE.- El amparo colectivo que será presentado por el Municipio de Río Grande contra el Gobierno nacional, ante la inminente concesión de permisos de exploración y explotación hidrocarburífera en zonas off shore a empresas extranjeras vinculadas al ilegítimo gobierno británico en Malvinas.
El Intendente estuvo acompañado por secretarios y subsecretarios de su gabinete, concejales, veteranos de guerra, representantes gremiales e integrantes del Observatorio Cuestión Malvinas.
“Nos estuvieron asesorando la ex embajadora Alicia Castro y organizaciones vinculadas a la cuestión Malvinas para llevar a cabo esta presentación judicial en defensa de nuestra soberanía y de nuestros recursos naturales”, detalló el intendente al presentar el documento.
“Lo que está ocurriendo es muy grave. El Gobierno nacional ha asumido una postura de desentenderse de la cuestión de soberanía y cumplir los puntos del nefasto acuerdo Foradori-Duncan, en el cual el Gobierno nacional se compromete a despejar cualquier traba para el desarrollo británico en el Atlántico Sur”, aseguró Melella.
Asimismo, el Intendente detalló que este recurso de amparo colectivo pretende frenar esta entrega de soberanía: “En un momento se discutió si teníamos potestad de hacer esta presentación. Nuestra Carta Orgánica nos intima a permanentemente defender la soberanía y esta acción va en ese sentido”, dijo.
Por su parte, el secretario de Participación y Gestión Ciudadana, Dr. Federico Runín, explicó que la presentación consiste en un recurso de amparo colectivo contra el decreto nacional 872, mediante el cual se convocó a concurso público internacional para adjudicar permisos de exploración y explotación en la zona de la plataforma continental argentina y las adyacencias de las islas Malvinas.
“También se está pidiendo una medida cautelar de no innovar con el objeto de frenar el efecto ejecutorio de este decreto e impedir la adjudicación de los permisos a empresas que tienen vinculaciones con el gobierno ilegítimo británico de Malvinas. Creemos que esto es un impacto directo contra los derechos soberanos argentinos sobre nuestras islas”, subrayó Runín.
ATE, ASOEM, SITOS, la UOM, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado, la Asociación Bancaria, CEC, SOIVA, SUPETAX, APUN UNTDF, UTEDYC, SETIA, SECASFPI-ANSES, SMATA, Veteranos de Guerra y el Concejo Deliberante, también firmaron el amparo presentado.
“Sabemos que el Gobierno nacional hace más de tres años, que viene haciendo acuerdos bilaterales con el Gobierno de Gran Bretaña. Si hacemos una cronología del 82, 89, 90 ya viene sucediendo esto con los acuerdos de Madrid I y II; y en 2016, la situación llegó a su máximo con la firma del acuerdo conocido como Foradori-Duncan. Estamos a 24 horas de que el Gobierno argentino con Gran Bretaña quiera concretar otro acuerdo sobre la pesca; además de estas áreas petroleras que son siete. No debemos permitir que se hagan estos acuerdos, en los que está en juego el patrimonio argentino. Nosotros como institución enviaremos a nuestra Confederación Nacional de Veteranos de Guerra que nos representa a nivel nacional; haremos llegar esta inquietud, este amparo que se está firmando hoy para que la Confederación Nacional de Veteranos de Guerra tome cartas en el asunto”, declaró Roma Alancay, presidente de la asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Río Grande.
En cuanto al documento en sí, Andrés Dachary explicó: “El recurso parte desde diferentes puntos, reclamando que no se otorguen a empresas británicas, que hasta el año 2007 robaron nuestros recursos en las aguas circundantes; que esto no ha sido contemplado en este proceso de concurso internacional, y se está equiparando a estas empresas a cualquier otra del mundo. Era una cuestión nada más de tener en cuenta esto y de hacer cumplir las leyes nacionales que sancionan a empresas que tienen estas prácticas”.
Moisés Solorza, integrante del Observatorio Malvinas, recordó las advertencias realizadas en Cancillería respeto al tema, y recalcó también: “Aprobar la actividad hidrocarburífera en el Atlántico Sur implica un riesgo potencial hacia la Antártida que es la reserva mundial de agua dulce más importante que tenemos. Entonces las características de estas licitaciones tienen un complemento que realmente es inesperado para la biodiversidad en el Atlántico Sur, y que nosotros no estamos dispuestos a tolerar”, finalizó.