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Demanda contra el corredor del Beagle

Designaron a una fiscal federal subrogante en la demanda civil iniciada por el corredor del Beagle. La excusación propuesta por el doctor Virgilio Martínez de Sucre y de todo el plantel de letrados de la Fiscalía de Estado, obligó a la gobernadora Rosana Bertone a designar a una agente de planta del gobierno como fiscal de Estado subrogante en la demanda que ambientalistas plantearon contra la construcción del corredor del Beagle.

La obra del corredor del canal Beagle. La demanda sigue su trámite en el Juzgado Civil de Ushuaia.

USHUAIA.- A raíz del apartamiento del fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre y de todos los letrados que conforman ese organismo, por haber intervenido ya en el caso; la gobernadora Rosana Bertone debió nombrar a una abogada particular para ejercer esa representación en la demanda civil contra la construcción de la ruta del corredor del Beagle.
Por decreto provincial 1092/19, la mandataria aceptó la excusación planteada por el doctor Virgilio Martínez de Sucre y a los letrados que integran la Fiscalía de Estado para intervenir en la causa caratulada: Asociación Mene’kenk y otros c/gobierno de la provincia de Tierra del Fuego s/protección de intereses colectivos y difusos (expediente 21.962), que se tramita ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial 1 de Ushuaia.
En el decreto se procede a la designación de la abogada Mara Susana Valenzuela, quien es agente de gobierno, en el escalafón EPU, a desempeñarse como fiscal federal subrogante.
En la demanda, los ambientalistas plantean que se ordene dejar sin efecto cualquier clase de trabajo, obra, movimiento de tierras en la zona, predios y terrenos que abarca la ejecución de obras viales en los tres tramos del proyecto, -que totalizan aproximadamente 132 kilómetros-, y en especial, sobre el terreno en el que se hallan emplazados monumentos históricos, relacionados con ese proyecto, así como sobre los bienes inmuebles y muebles que lo conforman, y donde se hallan emplazados yacimientos arqueológicos, dado que las mismas causarán un daño irreparable al patrimonio cultural, histórico y arqueológico de la Provincia, a cuyo fin ordene la prohibición preventiva de cualquier clase de trabajo, movimiento de suelos, desmontes, y/u obras de cualquier naturaleza, ello hasta tanto se realicen las inspecciones pertinentes y se evalúen los daños potenciales y concretos.
Entre otros puntos, también se solicita se preserven los predios de cualquier modificación y/o alteración de los monumentos históricos nacionales y provinciales, yacimientos arqueológicos, de conformidad con las descripciones de los mismos, los hechos y el derecho, que al respecto más adelante exponemos.
Otro punto importante a resolver por el juez que tiene la causa, la solicitud de que ordene al Gobierno para que, a través de las organizaciones científicas, se realicen “las necesarias excavaciones arqueológicas en gran escala y se realice la evaluación de impacto arqueológico por equipos especializados y con amplia experiencia en el territorio”.