Política

Contención a la crisis; alto costo fiscal

Las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis por la que atraviesa el país, significarán un recorte de 785 millones de pesos a las arcas provinciales, al haber reducido los impuestos a los sectores productivos y por la decisión de mejorar los beneficios para los contribuyentes cumplidores.

Los legisladores de la comisión de Economía dieron dictamen al proyecto para declarar la emergencia comercial y aumentar el beneficio a los buenos contribuyentes. Representantes de la Cámara de Comercio de Río Grande estuvieron presentes en la reunión.

USHUAIA.- Desde Economía calculan que el costo fiscal que tendrán las medidas que impulsa la gobernadora Rosana Bertone, para atenuar la crisis económica nacional al sector privado, en la provincia, tendrá un costo fiscal de 785 millones de pesos anuales, con lo cual se dimensiona el esfuerzo que ha resuelto afrontar el Estado fueguino.
En un informe difundido desde el Gobierno, se detalla que la reducción en las alícuotas a los ingresos brutos a las actividades productivas (establecida en el Consenso Fiscal 2019) tiene para la provincia un costo de 690 millones de pesos anuales, de los cuales 280 ya se absorbieron en el primer trimestre del año.
En tanto, el proyecto de Ley anunciado por la Gobernadora y presentado a la Legislatura, premia el buen cumplimiento de los contribuyentes, actualizando a 60 millones (anteriormente de 37,5 millones de pesos) la base imponible anual para la aplicación del 15% de descuento (que anteriormente era del 12%) y del 5% al 8% para quienes superen dicha base imponible. Esta medida implicará un costo de 95 millones de pesos anuales.
Además, desde que comenzó la actual gestión de gobierno, se implementaron desde la Agencia de Recaudación Fueguina, dos moratorias y se puso en vigencia un plan de pagos de deudas fiscales en 24 cuotas, con un interés mensual del 1,96%. En esto se debe destacar que el porcentaje de los intereses, hace que el plan de pagos sea el más beneficioso del país.
De esta forma, a contramano de lo que sucede en el resto del país, donde la presión tributaria sobre la actividad privada es cada vez mayor, la gobernadora Rosana Bertone tomó la decisión política de bajar los impuestos a pequeñas y medianas empresas y al sector comercial y productivo en general, con el objetivo de cuidar los puestos de trabajo y sostener la actividad económica de la provincia.

Dictamen favorable
Ayer los legisladores que integran la comisión de Economía, acordaron dar dictamen favorable al asunto 120/19, por el cual se declara la emergencia comercial, lo cual implica que la AREF suspenderá las ejecuciones fiscales a aquellos contribuyentes que tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias.
En la reunión de comisión, el legislador oficialista, Federico Bilota explicó que “entendemos desde nuestro bloque que tanto el proyecto que tiene que ver con las suspensiones de ejecuciones fiscales, como este segundo proyecto, que obviamente no tiene estado parlamentario, pero la idea sería tratar ambos proyectos en una próxima sesión en conjunto, no son la solución de fondo para reactivar el consumo, porque lamentablemente estamos atravesando una situación económica más que compleja”.
Por último, Federico Bilota dijo que “desde la Provincia no podemos manejar las variables macroeconómicas, lo que si podemos hacer, es generar algunas herramientas, en acuerdo con los representantes de los comerciantes, que son empleadores directos, que sirvan para atravesar este momento de crisis”.
Por su parte, Ramiro Requejado, en representación de la Cámara de Comercio de Ushuaia, dijo que “como Cámara, desde un primer momento apoyamos la declaración de emergencia comercial, pero entendíamos que se podía hacer algo más para los comerciantes que claramente están pasando un momento muy complicado, que no es responsabilidad exclusiva del Gobierno provincial ni mucho menos”.
“Hicimos unas peticiones, algunas se consideraron, creo que fue una buena reunión, y sobre todo con buenas intenciones del Ejecutivo y los Legisladores, de hacer lo que se pueda para mejorar la situación”, explicó Requejado a Prensa Legislativa. “Son herramientas para seguir peleando, no son herramientas que van a dar una solución definitiva porque claramente acá no lo podemos hacer”, cerró.