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Audiencia pública por tarifazos

Río Grande formó parte ayer de la audiencia pública nacional contra los tarifazos. Entre los temas desarrollados se destacaron el derecho de los usuarios, el carácter básico de los servicios de electricidad y gas natural, y la situación particular de la provincia de Tierra del Fuego.

Participantes de la audiencia pública para defender a los consumidores.

RIO GRANDE.- Fue en el Espacio para el Desarrollo Laboral y Tecnológico. Ayer desde las 10:00 se llevó adelante en Río Grande una nueva audiencia pública contra el tarifazo del Gobierno nacional.
En la misma participaron importantes referentes nacionales, provinciales y locales. Entre ellos se encontró la abogada Andrea Manzi, coordinadora general de la Red Nacional de Multisectoriales; Claudio Daniel Boada, abogado especializado en Derecho de Usuarios y Consumidores y Mauro Stefanizzi, socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes.
En la reunión, además, estuvieron presentes el secretario de Gestión y Participación Ciudadana, Federico Runín; la concejal Miriam Mora, el subsecretario de Participación Ciudadana, Federico Greve; el integrante del Observatorio Cuestión Malvinas, Moisés Solorza y el jurista Dr. Eduardo Barcesat.
La secretaria de Promoción Social, Analía Cubino, fue la encargada de dar apertura a la jornada: “Como Municipio hemos estado en contra de estos tarifazos –señaló-, y más allá de eso, como ciudadana, una también los padece al igual que todas las familias del país”.
En este sentido, manifestó que la secretaría que dirige está en contacto de forma cotidiana con los inconvenientes y padecimientos de los vecinos: “En la cartera de Promoción Social del Municipio vemos día a día cómo el concepto de pobreza energética va deteriorando las condiciones de vida de muchas personas de nuestra ciudad”, dijo Cubino.
“Nos hemos hecho cargo de acompañar a los vecinos y vecinas de Río Grande y también de Tierra del Fuego. Nos hemos puesto a la cabeza de los reclamos contra situaciones que consideramos injustas y hemos interpuesto medidas judiciales para defender el derecho a una vida digna”, agregó.
Asimismo la secretaria resaltó: “Tenemos una distribuidora a nivel local que es una cooperativa, cuyos valores cooperativos deberían ponerse en ejercicio. En cuatro meses hemos pagado casi un millón 900 mil pesos a la Cooperativa Eléctrica para que más de 500 personas pudieran tener ese servicio, que es un derecho”.
“Apelamos a la responsabilidad de los distintos estamentos estatales para sentarnos en una mesa y exigir que haya una tarifa que pueda ser contemplada según la situación de cada familia, su consumo, su situación específica social”, remarcó la funcionaria.
“Nosotros como Municipio vamos a seguir afrontando estas situaciones, porque acompañamos a los vecinos y porque conocemos y nos duele la realidad triste de muchas familias”, finalizó.