Política

Está en plena investigación la denuncia por favores sexuales

Luego de las denuncias realizadas en agosto por varios vecinos de la ciudad continúa la investigación en la Justicia. Según confirmó el área de prensa del Superior Tribunal de Justicia; la investigación se está llevando adelante desde el Juzgado de Instrucción Nº2, a cargo del juez Raúl Sahade.

Desde el STJ confirmaron que las denuncias están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción Nº 2.

USHUAIA.- Desde la oficina de prensa del Superior Tribunal de Justicia anoche se difundió un comunicado respecto a la denuncia que existe contra el intendente Gustavo Melella por presuntos favores sexuales a cambio de trabajo.

Oficialmente se informó que el Juzgado de Instrucción 2, a cargo del juez Raúl Sahade, investiga la denuncia del abogado Francisco Giménez donde puso en conocimiento que 3 personas, a cambio de favores sexuales, estarían siendo beneficiados con trabajos de obra pública por parte del intendente Gustavo Melella.

Una vez que el juez Sahade tomó conocimiento, en forma inmediata le tomó declaración testimonial a los posibles damnificados. Dos de los denunciantes instaron la acción penal, mientras que el tercero representado por el doctor Giménez no lo hizo.

En el caso de los posibles damnificados, el juez Sahade corrió vista al fiscal Mayor, Guillermo Quadrini, que por subrogancia intervino el doctor Pablo Candela quien desestimó la denuncia debido a que consideró que no hubo abuso sexual. Este pedido fiscal aún no fue resuelto por el juez.

En el caso de la investigación por posible irregularidad en la asignación de obra pública la Fiscalía impulsó la investigación.

Días más tarde se presentó el damnificado que no había instado acción penal y con su abogado, el doctor Giménez, la instó. Por esta acción se aguarda que la Fiscalía Mayor se expida de la vista que el Juez le corrió si instruye sumario o desestima.

Medidas de pruebas

El juez Raúl Sahade, apenas radicada la denuncia, solicitó informes relacionados con las obras a la Inspección General de Justicia (IGJ) y al Tribunal de Cuentas.

El magistrado ordenó el allanamiento de las 2 empresas que son mencionadas en la denuncia como las que habían facturado las obras y se requirió documentación a la Municipalidad de Río Grande, la que aún está siendo analizada y peritada.

El juez aclaró que nunca se allanó la Municipalidad y la causa nunca estuvo bajo secreto del sumario como tomó estado público.

También aclaró que los teléfonos donde estarían los mensajes que habrían ocurrido entre el Intendente y los damnificados no se secuestraron porque los que instaron la acción pidieron conservarlos debido a que son herramientas de trabajo.

Asimismo dejaron constancia en su declaración testimonial que los ponían a disposición para que cuando el Juzgado lo requiera.