Política

El intendente Gustavo Melella fue imputado por el delito de abuso sexual intimidatorio

El fiscal Mayor Guillermo Quadrini solicitó al juez Raúl Sahade el inicio de una investigación penal contra el intendente Gustavo Melella por el delito de abuso sexual. La querella, en tanto, pidió que el Consejo de la Magistratura analice si no existe mal desempeño del Magistrado.

El intendente Gustavo Melella fue imputado en una causa por abuso sexual.

RIO GRANDE.- El fiscal Mayor Guillermo Quadrini giró al juez Raúl Sahade, titular del Juzgado de Instrucción 2, el requerimiento para que se investiguen las denuncias presentadas contra el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, por el delito de abuso sexual bajo la modalidad de “abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder”.

El delito del que se lo acusa a Gustavo Melella, está previsto en el artículo 119, primer párrafo del Código Penal y es a causa de lo manifestado por Mario Rivas, un operario de la construcción, que estuvo a cargo de la obra del polo tecnológico construido en la calle Pellegrini 520 y sobre el cual reclama una deuda de más de 500 mil pesos.

Rivas cuenta con el patrocinio del abogado Francisco Giménez, quien fue aceptado como parte querellante en la causa. La denuncia es por un hecho ocurrido en agosto de 2016, en circunstancias en que el denunciante se habría hecho presente en el domicilio de Melella, ubicado en Chacra II, y una vez allí, el Intendente lo habría interrogado sobre su situación laboral y le ofreció desempeñar funciones en el Municipio de esa ciudad.

Según se desprende del requerimiento de instrucción efectuado por el doctor Quadrini, la víctima contó que Melella “lo habría obligado a materializar actos sexuales contra su voluntad frente al temor que implicaba negarse, dada su condición de Intendente y máxima autoridad de la ciudad”.

Para el Fiscal los hechos descriptos resultarían constitutivos del delito de abuso sexual bajo la modalidad de “abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder”, previsto y reprimido en el art.119, primer párrafo del Código Penal.

En cuanto a las medidas probatorias el Fiscal Mayor sugirió, en adhesión a lo solicitado por la parte querellante que soliciten informes a las compañías telefónicas a las que pertenecen los teléfonos de la víctima y el imputado, con la finalidad de comprobar si las comunicaciones están relacionadas con la investigación.

Presunto mal desempeño

La denuncia contra el intendente Gustavo Melella podría tener otras derivaciones paralelas, con la posible intervención del Consejo de la Magistratura, ya que el abogado querellante dijo públicamente que existiría mal desempeño del juez de Instrucción Raúl Sahade, por la inacción evidenciada durante los más de 45 días en que fueron formulados los testimonios de los operarios denunciantes.

El doctor Giménez sostuvo que “el comunicado del Poder Judicial miente, porque en ningún momento se negaron a dejar los celulares sino que, al contrario, dejaron constancia en el expediente que estaban a disposición del juez. Las víctimas en este caso le están diciendo que en los celulares que tienen en este momento están las pruebas que comprometen al intendente, y que pueden probar todos los diálogos que tuvieron, las cosas que les decía, los acosos, las propuestas de sexo explícito y todo lo que ya sabemos. Es desagradable reiterar todo de nuevo, pero el juez tiene la obligación de secuestrar esos celulares, por más que las víctimas o los denunciantes no quieran”.

Giménez dijo que “ahí está la prueba de que lo que las personas están diciendo. No puede permitir que se vuelvan a la casa con esos celulares, porque los pueden perder, se los pueden robar o puede pasar cualquier cosa y perderse prueba importante”.

Posible intervención del Concejo Deliberante

A raíz de las denuncias públicas que hizo Mario Rivas, respecto a cómo se le asignó la obra del polo tecnológico, ubicado en calle Pellegrini 520 y de luego cómo se le impidió terminar la obra y se le dio intervención a personal de la empresa Patagonia Construcciones, el Concejo Deliberante podría intervenir para indagar sobre la obra pública.

El hecho es que la obra le fue adjudicada a Rivas en su calidad de monotributista y como proveedor de la Municipalidad, con un presupuesto de 630 mil pesos aproximadamente, indicando que solamente se le pagó algo más de 100 mil pesos, suma que usó para pagar el sueldo a los trabajadores que tenía a su cargo.

El operario dijo que jamás le cancelaron los 500 mil pesos que se le adeuda y contó que al reclamar esa suma fue que comenzó a ser acosado por el intendente Gustavo Melella. Es por su denuncia que el fiscal Guillermo Quadrini imputó al jefe comunal, requiriendo la instrucción de la causa al juez Raúl Sahade.