Ley de Emergencia Alimentaria

BUENOS AIRES (NA).- El Senado sancionó ayer por unanimidad la ley que prorroga hasta 2022 la emergencia alimentaria, después de un debate en el que el oficialismo recibió numerosas críticas y respondió sobre el final, para el enojo de una parte del peronismo.

Menos de una semana después de que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa impulsada por la oposición con el acompañamiento del oficialismo, el Senado la convirtió en ley con 61 votos a favor.
Si bien la Cámara alta repitió el esquema que usó Diputados de un debate con pocos oradores a fin de avanzar rápido con el tema (reclamado principalmente por los movimientos sociales) el debate fue menos amable que aquel.
A lo largo de la sesión solo tomaron la palabra los senadores de la oposición y algunos de ellos apuntaron directamente contra el Gobierno e incluso dedicaron chicanas referidas al resultado de las elecciones primarias de agosto, mientras que la respuesta del oficialismo llegó al final, con el discurso de cierre del jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff.
El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, fue uno de los más duros al calificar al Gobierno como “una banda”, al tiempo que sostuvo que “el pueblo sabe que este calvario que han construido se termina en octubre”.
El justicialista José Mayans sostuvo que “el país está en emergencia y en default” y aludió al “mensaje por parte del pueblo argentino” en las elecciones del 11 de agosto, mientras que Fernando “Pino” Solanas, de Proyecto Sur, sostuvo que el mandato del presidente Mauricio Macri “está terminando con bastante similitud a 2001”.
La respuesta del oficialismo llegó con un encendido discurso de Naidenoff, que en primer término subrayó que la Argentina vive “en emergencia desde el 7 de enero de 2002, 18 años ininterrumpidos de emergencia social y alimentaria” y, en una alusión a la predominancia de gestiones peronistas en ese lapso, agregó: “Deberíamos preguntarnos por qué se llegó a esto”.
“Cuando nos hicimos cargo del Gobierno había 30% de pobreza”, sostuvo Naidenoff, al tiempo que señaló que actualmente “hay un millón de chicos más que cobran la asignación universal y eso lo hizo este Gobierno” y afirmó que “hasta ahora lo que que se escuchó” por parte de la oposición ante a la posibilidad de gobernar a partir de diciembre “es más miedo que propuestas”.
También dijo que quiere “escuchar qué piensa el candidato que más votos sacó” en las primarias, en alusión a Alberto Fernández, frente a lo cual Mayans comenzó a gritarle fuera de micrófono: “En ningún momento nosotros agredimos. Ustedes pidieron una sesión calma”.
Previamente, los senadores pronunciaron discursos que se centraron más en la prolongación a lo largo los años de la situación de emergencia alimentaria y la necesidad de encontrar una solución definitiva.
Uno de ellos fue el jefe del bloque Justicialista, Carlos Caserio, quien afirmó que “esta ley es un paliativo” y que “no soluciona nada de fondo”, al tiempo que subrayó: “El hecho de que Argentina se encuentre en esta situación es una verdadera tragedia si tenemos en cuenta la potencialidad de nuestros recursos naturales”.
El neuquino Guillermo Pereyra, del MPN, señaló: “¿No será que una emergencia que dura tanto tiempo ya no es una emergencia? Es un problema coyuntural que tenemos en la Argentina, producto de políticas erróneas”.
En el mismo sentido, el salteño Juan Carlos Romero, aliado de Cambiemos, deseó que “en 2022 no se estén conmemorando los 20 años de vivir en emergencia alimentaria”.
A su turno, el puntano Adolfo Rodríguez Saá sostuvo que la pobreza “agudiza la grieta y rompe la fraternidad” y evaluó que la política para solucionar el tema “fue mala”, ya que una vez más se está prorrogando la emergencia alimentaria.

El proyecto
La nueva ley prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre este año.
Establece un incremento de al menos el 50 por ciento “de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.
De acuerdo a un informe realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso el desembolso será de aproximadamente 10.489 millones de pesos.
La nueva norma también faculta al jefe de Gabinete a que actualice trimestralmente esas partidas presupuestarias, tomando como el la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas” y la de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC.