Los legisladores del Movimiento Popular Fueguino presentaron un proyecto para que el Gobierno brinde un informe pormenorizado sobre el conflicto estatal, desde su inicio hasta el día de la fecha. Buscan evaluar el accionar de las autoridades políticas en materia de seguridad.
USHUAIA.- Mónica Urquiza y Pablo Villegas, legisladores del MPF presentaron un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo que, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad y de la Secretaría de Seguridad, informe sobre los hechos acontecidos en el marco del conflicto suscitado durante estos últimos cinco meses a partir de la sesión especial de los días 8 y 9 de enero del 2016, con los gremios estatales y en relación a la salvaguarda de los bienes e integridad física de las personas.
Entre los hechos se desprenden, los operativos de custodia e ingreso de autoridades y personal legislativo al recinto de sesiones de la Legislatura de la Provincia, sito en calle Yaganes y Héroes de Malvinas de la ciudad de Ushuaia los días 8 y 9 de enero.
En relación al operativo de seguridad en inmediaciones de la Planta Orión de la ciudad de Ushuaia durante los días 12 y 13 de abril, en especial el correspondiente a los momentos previos y en ocasión de los desmanes sucedidos por el enfrentamiento entre grupos gremiales pertenecientes a los sindicatos de Camioneros y estatales provinciales.
En el mismo sentido, se solicita información respecto a las carpas instaladas sobre calle San Martín al 400/500 de la ciudad de Ushuaia y al ingreso a la Casa de Gobierno durante los meses de marzo, abril y mayo, como así también del conflicto suscitado el día 2 de marzo en las instalaciones de los bloques legislativos y se proporcione las acciones adoptadas por la fuerza de seguridad.
Además, solicita que se expliquen las medidas de seguridad adoptada en relación, al corte de la calzada de la Ruta Nº 3 en el ingreso de la ciudad de Ushuaia, y también de la agresión al Vicegobernador, tras el acto del Homenaje al Crucero General Belgrano.
Desde el bloque, afirman que “todos estos hechos han generado la necesidad de saber si existen protocolos de actuación policial en materia de prevención y represión de delitos en ocasión de marchas o conflictos gremiales”.
Para finalizar, el proyecto apunta “a solicitar información en referencia a los casos concretos señalados, cuáles han sido las órdenes impartidas, cuál ha sido el personal policial interviniente y en general cuáles han sido las medidas y acciones ordenadas de parte no sólo de las máximas autoridades policiales, sino también, políticas con injerencia y responsabilidad en materia de seguridad ciudadana”.
