RIO GRANDE.- Que el Ministerio de Educación de la provincia rescindió el contrato que mantenía hace 15 años con la Facultad Regional Río Grande de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) es una realidad que fue confirmada este domingo por las propias autoridades educativas.
Sin embargo, el rector de dicha institución, Mario Ferreyra, tuvo ayer desafortunadas declaraciones mediáticas, que lejos de explicar los motivos de la decisión del Ministerio de Educación, se encargó de criticar a éste medio, con epítetos ofensivos, lisa y llanamente por haber dado a conocer la información; algo que demuestra que la situación lo ha hecho perder la compostura, llegando a dar prueba de una falta total de tolerancia, poniéndonos a reflexionar si para la máxima autoridad de una institución que desde hace años educa a cientos de fueguinos es más fácil «matar al cartero» que respetar la labor de éste medio que es informar a la comunidad.
Se trata de un convenio entre la provincia y la Universidad que data de 1994 y que generó una estructura, sobre todo para la formación docente, en la cual la administración -ya sea normando el ingreso de docentes y en lo que tiene que ver con normativas específicas- estaba absolutamente a cargo de la Casa de Altos Estudios. Mientras que correspondía al Ministerio de Educación sólo el pago de salarios, edificio y todo tipo de recursos económicos.
En este sentido, lo planteado por la cartera al rescindir este convenio es que «queremos recuperar la tutela académica y administrativa de la institución porque estamos en pleno proceso de transformación de la formación docente en la provincia», explicó la subsecretaria de Educación Superior, María Elena Ventura.
«Hay que pensar en concreto que no se cierra ninguna carrera, ningún docente perderá su puesto laboral y ningún estudiante perderá la posibilidad de terminar y continuar con su formación, ya que nosotros como Ministerio de Educación necesitamos continuar formando recurso humano y que será absorbido luego por el mismo sistema educativo», dijo la funcionaria.
Además manifestó que «el sistema en algún momento fue útil» pero aseguró que hoy «es más bien un obstáculo para la transformación que queremos implementar». Se trata de dejar de lado un esquema en el cual el Ministerio solamente pagaba salarios o gestionaba distintos recursos económicos para el profesorado, pero no podía normar en cuanto al ingreso de los docentes ni tampoco en cuanto al régimen académico y misiones y funciones que debe cumplir cada uno de quienes desempeñan su trabajo en el instituto.

Gratuidad absoluta
Además, para el Ministerio, esto garantiza la gratuidad absoluta de todas las carreras que se brindan. En la actualidad el instituto brinda una certificación docente para profesionales como una cursada de 10 años. Para esto la cartera de Educación pagaba 546 horas anuales, lo cual implicaba un básico de 80.200 pesos en salarios de los 2 millones que se pagan por año en concepto de todas las carreras.
Ventura explicó que, como el instituto del profesorado es gobernado por la UTN, se cobraba a cada profesional que aspiraba al título pedagógico 24 cuotas de 200 pesos. «Con lo cual alguien que paga sus impuestos y podría tener acceso gratuito a la educación, tenía que pagar 4.800 pesos en dos años para recibir la certificación docente; este tipo de esquema cambiará y las carreras serán absolutamente gratuitas», aclaró.

El ingreso de los docentes
Uno de los motivos por el cual el Ministerio de Educación busca hacerse cargo es para transparentar el ingreso de los docentes al sistema del profesorado, Es que desde 1994 a la fecha, sólo en dos oportunidades el Instituto Superior del Profesorado de la UTN aplicó el régimen de concurso para el ingreso.
«Nosotros aspiramos a que el Ministerio de Educación regule estas cuestiones y no delegarlo a otras jurisdicciones en este caso universitaria, porque con respecto al ingreso de docentes si esto no está regulado: si el docente no ingresa por concurso lo hace por designación directa», explicó la autoridad educativa.
Finalmente, a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional se han generado muchas resoluciones del Consejo Federal que regulan la cuestión de los títulos. Las carreras para formación de maestros que antes eran de tres años se han llevado todas a ser carreras de grado, de cuatro años como mínimo. Una de ellas es la actualización de los títulos, que ya no deberán ser como por ejemplo se dicta en el profesorado de EGB 1 y 2 que cursan actualmente más de 40 estudiantes, esto fue advertido ya que esos títulos podrían no tener validez nacional por no haber sido readecuados.

Los edificios
En el marco de los reclamos de la UTN que considera «motivaciones políticas» del Gobierno de la provincia contra Mario Ferreyra, también aparece en escena la cuestión del edificio en el cual funciona la sede en Ushuaia de la Universidad.
Es que semanas atrás la casa de estudios firmó en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) un convenio por el cual el Estado Nacional se comprometió a sostener la Tecnicatura Universitaria Pesquera, ciclo básico de Ingeniería Pesquera de la UTN en Ushuaia, en un edificio cedido por el Gobierno de la Provincia.
El 25 de noviembre pasado, el decreto 2744/09 de la gobernadora Fabiana Ríos declaró lesivo al interés público el contrato de comodato gratuito mediante el cual la Facultad Regional Río Grande, (a través de la Fundación que preside Ferreyra, la FUNDATEC), contaba con una sede en la ciudad de Ushuaia, aunque no se descartó la posibilidad de alquiler del edificio, algo que rechaza la máxima autoridad de la Universidad en la provincia.