RIO GRANDE.- La causa judicial data de mediados del 2011 cuando se denunciaron casos de abigeato en cercanías de la estancia San Martín, en la zona del paso fronterizo San Sebastián.
El caso se instruyó en el juzgado del Dr. Eduardo López, y el 9 de agosto de ese mismo año se pidió el pase a reserva del caso por pedido del fiscal Jorge López Oribe, considerando que no existían elementos necesarios para proseguir la investigación, quedando la causa a la espera de lo que pudiera surgir.
A la par de ello, ya desde el inicio de la investigación se plantearon sospechas en torno a la participación policial en esta serie de hechos, lo que se confirmó con pericias llevadas adelante por Policía Científica en el móvil policial destinado en San Sebastián, una camioneta en cuya caja se encontraron restos pilosos y hasta sangre.
La cantidad de sangre fue sensiblemente mayor cuando se removió una tapa de la parte posterior de la caja, debajo de la cual se acumulaba una gran cantidad de la misma, indicativo de que era usual la carga de «elementos» que generaran este tipo de sangrado.
Más allá de que esta prueba que, indudablemente, ya apuntaba contra el personal policial destacado en el paso fronterizo, las consultas en el juzgado actuante aseguraban que «no había conexión policial en el hecho».

Aportaron fotos
La causa seguía dormida, cuando a principios de este año uno de los encargados de la estancia San Martín aportó material fotográfico que en teoría terminaba de despejar cualquier tipo de dudas en relación a la posible vinculación de un efectivo policial, viéndose implicado al cabo Víctor Manuel Zárate.
El material fotográfico comprometía seriamente al cabo Zárate, quien habría sido sorprendido, in fraganti, durante la presunta faena delictiva, según se quiso probar con esas fotografías. Las mismas habrían sido tomadas por el encargado de la estancia que las acercó a la Policía, que luego las extendió al juzgado actuante, y el fotógrafo que fue el mismo encargado de la estancia, habría contado con otros testigos de esa escena, entre ellos se mencionó hasta un gendarme, pero nada de todo sirvió para reabrir la causa.

La Policía mantiene al efectivo separado del cargo
Como contraste a tanta inacción judicial, desde la Policía Provincial la reacción fue rápida de reflejos e inmediatamente se decidió separar de sus funciones al cabo Zárate, hasta tanto se aclare su situación, por lo que fue iniciado el sumario administrativo y se adoptó la mayor sanción que se contempla para este tipo de casos aún sin un pronunciamiento.
El cabo Víctor Manuel Zárate se encuentra separado del cargo en situación de «pasivo», situación por la cual no cumple funciones y sólo cobra el 30% de sus haberes, mientras la causa administrativa presenta un sensible avance que lamentablemente no se da en la faz judicial.
Incluso, la investigación policial, ya habría determinado la cadena de comercialización que presentaba la carne obtenida de manera clandestina, en distintos puntos de abastecimiento de carnes en la ciudad de Río Grande, situación por la que desde la institución policial ya confirmaron que más allá de que la causa judicial pasara a archivo, ello no es vinculante, e igualmente podrían adoptarse sanciones contra el efectivo aunque difícilmente su exoneración en caso de no existir una condena judicial.