BUENOS AIRES (NA).- El comentario del jefe de la CGT, aliado clave del Gobierno kirchnerista, al recientemente reelegido titular de la Federación Agraria, da cuenta de la preocupación oficial ante ciertos síntomas de una incipiente descomposición social.
La expresión más elocuente del nuevo escenario la representan los grupos piqueteros, que se habían replegado en los últimos años a raíz de la mejoría del mercado laboral, que agrandó sus acotados márgenes pese a la persistencia del trabajo en negro.
La reaparición de estos grupos -que se hace notoria por obra de los medios de comunicación- no se debe únicamente a su intención de participar de los planes sociales oficiales, sino también a una evidente merma de la economía popular.
En ese campo, la inflación hace lo suyo: es cierto que los salarios se han ido incrementando en los últimos seis años, pero también lo es que especialmente en los últimos dos años los aumentos de precios menoscabaron los avances económicos.
La política social del Gobierno, en este escenario, no parece haber dado resultados visibles. Ya son muchos los dirigentes de distintas procedencias, incluidos algunos oficialistas, que hacen notar que la pobreza es el principal dilema argentino.
Un reciente informe de la televisión española la mostró en toda su crudeza y encendió luces de alarma en el primer mundo sobre el éxito del «modelo argentino». También se cruzaron duro por eso Daniel Scioli y Mauricio Macri días atrás en Miami.

Qué hacer con los piquetes
«Nuestra premisa sigue siendo no reprimir. Hicimos una bandera de eso y no la podemos replegar», dijo Néstor Kirchner a sus habituales interlocutores en la quinta de Olivos, mientras miraba por televisión el enésimo corte a la Panamericana.
Sobre esa autopista vital para el tránsito de personas y mercancías en la zona norte del Gran Buenos Aires desarrollan sus protestas los trabajadores despedidos de Kraft Foods, controladora de la ex Terrabusi, a la altura de General Pacheco.
Pero es sabido por todos que ese conflicto no está solamente motorizado por los trabajadores, con justos reclamos tras el despido de 156 de ellos, sino también por partidos de izquierda que han tomado la causa como eje central de su accionar.
«Estos grupos saben cómo iniciar una huelga pero no saben cómo terminarla sin llevar el conflicto y a los trabajadores, a un callejón sin salida», escribió con precisión el intelectual Ricardo Forster, citado en las usinas del pensamiento oficial.
Otro elemento que magnifica la importancia del «caso Kraft» es el hecho de que la embajada norteamericana en Buenos Aires sigue con atención la evolución de los hechos. También lo hace la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina.
Incluso, la flamante embajadora Vilma Socorro Martínez tuvo que salir a decir públicamente, que esperaba reunirse con la presidenta Cristina Kirchner luego de que le fuera cancelada una entrevista con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Sucedió luego de que en la Casa Rosada se molestaron con la diplomacia estadounidense a raíz de un comunicado en el que manifestó su preocupación por las particulares características que estaba adquiriendo el conflicto de Kraft Foods.
La falta de solución para la controversia -que ya disparó rumores sobre la continuidad del ministro de Trabajo, Carlos Tomada- alimentará, con certeza, la realización de múltiples piquetes la semana próxima en todo el país.
«En la Provincia vamos a seguir con la misma línea, sin reprimir, pero garantizando la circulación», comentó el gobernador Scioli a sus colaboradores luego de que la Policía impidiera este viernes un nuevo bloqueo a la Panamericana.

Temas clave del universo K
Mientras la situación en las calles dista de ser la mejor, el Gobierno busca enderezar dos cuestiones que considera centrales para su futuro político y económico: la sanción de la ley de medios y las farragosas negociaciones con el FMI.
Es muy probable que el Senado apruebe el próximo viernes, sin cambios respecto de la sanción de Diputados, la iniciativa que reemplazará a la normativa vigente desde la última dictadura. El kirchnerismo lo festejará como una gran victoria política.
Otros dirán, en cambio, que el Gobierno habrá logrado tomarse revancha del grupo Clarín, al que los Kirchner atribuyen buena parte del enojo de la opinión pública con el Gobierno, desde aquella batalla perdida contra «las patronales del campo».
Más allá de las interpretaciones políticas del caso, a los argentinos de carne y hueso poco les cambiará la vida la sanción de la nueva ley. De hecho, siguen con escaso interés lo que en el fondo es una disputa de poder ajena a la mayoría.
Otro destino deparará, con seguridad, el entendimiento al que el ministro de Economía, Amado Boudou, pueda arribar en el mediano plazo con el Fondo Monetario, los bonistas que quedaron fuera del último canje de la deuda y el Club de París.
El funcionario viajó a Estambul, Turquía, con la misión de establecer las primeras negociaciones directas, pero los conocedores del paño advierten que se encontrará con no pocas voces de colegas que representarán un escollo.
En particular, mencionan al norteamericano Charles Collyns, asesor económico de Barack Obama para la región, y a la ministra de Finanzas francesa, Christine Lagarde, con quien Boudou ya tuvo un agrio encuentro en la cumbre del G20 en Pittsburgh.
Mientras esto sucede en el plano internacional, también resultan preocupantes algunas señales de la política local. El escándalo matrimonial de los Capitanich en el Chaco y cierta impunidad que ensombrece a Corrientes son una muestra acabada.
Atrapado por la coyuntura, el Gobierno dejó de proyectar el futuro nacional. Algo que los brasileños hacen con maestría, a juzgar por el hecho de que fueron designados para organizar el Mundial en 2014 y los Juegos Olímpicos dos años después.
La reaparición de los piqueteros -que se hace notoria por obra de los medios de comunicación- no se debe únicamente a su intención de participar de los planes sociales oficiales, sino también a una evidente merma de la economía popular.