Buenos Aires - Es posible que la Casa Rosada haya llevado al jefe de Gobierno porteño a un callejón, a raíz de la sequía de fondos y las enemistades ideológicas que hablan de dos proyectos de país muy diversos.
Pero, en rigor, Macri apostó buena parte de su capital político en personas de dudoso pasado como el "Fino" Palacios y Osvaldo Chamorro, los dos efímeros titulares de la Policía Metropolitana, que debe ver la luz durante este diciembre.
Y lo hizo a pesar de las severas advertencias que partieron, por ejemplo, desde la AMIA por parte de supuestas escuchas telefónicas al dirigente Sergio Burstein, y también por organizaciones de derechos humanos por varias causas pendientes de la dictadura.
Hoy, los dos se encuentran en prisión por orden del juez Norberto Oyarbide, a quien le endilgan un interés desmedido en aparecer en público.
Ahora irá a ese lugar, un civil, Eugenio Burzaco, de amplio conocimiento sobre el tema inseguridad, pero que carga sobre su espalda haber asesorado al gobernador Jorge Sobisch, justo cuando una represión mató al maestro Carlos Fuentealba. Macri considera, desde hace tiempo, que cada denuncia contra ellos o avance en la causa judicial es producto de los interesados en que no se ponga en funcionamiento la Metropolitana, leáse el Gobierno Nacional.
No obstante, las históricas pujas en la Federal o en los propios servicios de inteligencia, le jugaron una una mala pasada a Macri.
Es decir que pagó un precio político inmenso por dar pasos que podría haber evitado, si no hubiera tenido una conducta similar a la que durante todos estos años se le criticó a los Kirchner: cierto autismo político.
De esta forma, su proyecto presidencial parece opacarse ante semejante escándalo, más los problemas de gestión del día a día como consecuencia de la escasez de fondos para obras públicas u otra cuestiones.
Tampoco pudo, hasta el momento, subirse a algunos de los vagones justicialistas, algo indispensable para cualquier sueño grande, a pesar que utiliza buena pare de su tiempo para recorrer el país.
Se debe anotar en este menú el quiebre de la última alianza electoral junto con Francisco de Narváez y Felipe Solá, sumergidos hoy en la construcción política del peronismo disidente.
En este marco, los justicialistas del PRO, como Diego Santilli, se lamentan por alguna "impericia política" de su líder, y pujan por un cambio de Gabinete, con más políticos y menos "gerentes", como los llaman a los profesionales que desempeñan cargos en la administración porteña. Se iría, entonces, el ministro de Educación, Mariano Narodoswki, quien nunca pudo explicar cómo en su cartera estaba contratado el espía Ciro James, la punta del ovillo de este escándalo.
También se encuentra en tela de juicio la continuidad del ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, a pesar de que éste ha puesto siempre el cuerpo frente a los medios y en la Legislatura.
Más allá de cualquier enjuague político, el tema omnipresente es el de la inseguridad, cuyo largo brazo sigue sin dar tregua. Por caso, estos días se dieron varias jornadas de reclamos en Wilde, tras el asesinato de la arquitecta Renata Toscano, una probada mujer de bien.
Lo particular de esto fue un giro en la consignas y las pancartas con respecto a los que siempre se vieron en marchas similares, impulsado quizás por Maria De Negri, quien también sufrió la pérdida de su hijo por la inseguridad. Es que no hubo pedidos tales como de justicia por mano propia o pena de muerte, sino que los vecinos se pusieron al frente de un reclamo de diálogo con el gobernador Daniel Scioli o el ministro Carlos Stornelli para encontrar soluciones concretas para todos.
Es más, Juan Carlos Blumberg quiso hablar frente a los vecinos, como era habitual hace un par de años, pero se lo impidieron al grito de "mentiroso", y echaron también a presuntos "infiltrados", que a criterios de ellos, pretendían embarrar la movilización. Se sabe, entre los problemas más graves a atacar son la propagación del paco en la juventud y el trabajo de los desarmaderos, algo que muchos gobiernos proponen pero que al final nunca se tiene demasiados logros.
Pero también que las leyes están endurecidas y que las cárceles no dan abasto, dejando en el terreno de los relativo que muchos entran por una puerta y salen por otra. Scioli y Stornelli están esperando ahora que el Congreso apruebe la ley de baja de imputabilidad de la edad a 16 años de los menores, ya que la provincia tiene una ambigua ley propia que los absuelve en cualquier causa pero los institucionaliza en centros de rehabilitación, es decir, los mete preso, aunque con una figura jurídica diferente. Por otra parte, apostarán al denominado "Plan Envión" creado para que 400 mil jóvenes pueda salir de la calle con diversas actividades, que se deben agregar al programa Hijos del Gobierno. Mientras tanto, Scioli tiene la expectativa que el ex sabueso Santiago Montoya vuelva al gobierno bonaerense, quizá como jefe de Gabinete, pero muy cerca del gobernador para combatir grandes males irresueltos, como la inseguridad. Pero, ni lerdo ni perezoso, el ex presidente Néstor Kirchner ya salió a cruzarlo con uno de sus hombres más fieles, el intendente de Merlo Raúl Othaecé. "Santiago Montoya sigue proponiéndose como funcionario en cuanto espacio de poder le resulte de interés", disparó. No hay que olvidar que Kirchner le había pedido a Scioli la cabeza de Montoya, cuando éste se negó a integrar las lista bonaerense de candidatos testimoniales, otro de los raros inventos argentinos, alejado de las preocupaciones cotidianas de la gente.