Buenos Aires - No fue poca la preocupación que generó en despachos oficiales la suma de piquetes y su correlato en los medios de comunicación, incluidas, claro está, las arengas de Marcelo Tinelli, Susana Giménez y Mirtha Legrand. Ante esto, la idea es intentar sacar, o por lo menos disminuir, el nivel de reclamos en la Capital Federal, instalados ya en la escenografía cotidiana de los porteños. Un proyecto oficial tiende a ensanchar el número de planes sociales, e incluir a los seguidores del piquetero no kirchnerista Carlos Alderete, siempre con la amenaza bajo el brazo de ocupar edificios públicos si no consiguen respuestas. Estos se otorgarían en lugares especialmente habilitados en las provincias, sobre todo en el Gran Buenos Aires, siempre con el fin de descomprimir la Capital. En el mismo sentido, es estudiada la posibilidad de que las sucursales bancarias sean la encargadas de pagar los planes Hijos, con la respectivas tarjetas de débito. Claro que nada garantiza la disminución de la conflictividad, frente a la profundización de la pobreza y la movilización de grupos que hacen de la protesta el eje de su accionar político. Algunos de ellos han sido ganados por sectores de la izquierda, muy activos en calles, organizaciones barriales y sindicatos, aunque de escasa presencia en las urnas cada dos años. Precisamente este avance en los gremios, tras la decisión de la Corte Suprema de permitir la libertad sindical, llenó de preocupación a la CGT.
Temen allí que esta situación se acreciente y se vaya resquebrajando la estructura del sindicalismo tradicional que domina en el país desde hace 60 años. La amenaza es la pérdida de una mayor cantidad de comisiones internas, como ya pasó en Kraft y en los subterráneos de Buenos Aires, donde los gremios de la Alimentación y la UTA quedaron con una minoría abrumadora. También critican que el Gobierno haya dejado venir a la CTA durante los primeros años de Néstor Kirchner en la Casa Rosada, con la promesa de otorgarle la personería gremial. "La izquierda loca", la llamó el sindicalista de la UOM Juan Belén, poniendo a todos en la misma bolsa y motivado, seguramente, por el apoyo que brinda la CTA a los conflictos liderados por la izquierda troskista de PO, PST o MST.
Lo que, quizás, no tuvo en cuenta el sindicalista es que esa frase remite a los peores recuerdos de otros tiempos, de los enfrentamientos entre derechas e izquierdas, frente a una sociedad que ya no sabe como pedir prudencia y concordia. Ahora, las cosas cambiaron para el Gobierno, desde aquel aire que Néstor Kirchner le daba a la CTA, ya que el proyecto oficial se basa en gran parte en el sustento que le brinda la CGT de Hugo Moyano. Es en este capítulo que se puede escribir la crónica desprolija que significó el anuncio de un acto a favor del Gobierno para el 20 de noviembre y el inmediato reclamo de la Presidenta para postergarlo. La Presidenta temió verse atrapada en el medio de una puja entre los grupos que siguen a D`Elia y otros que responden al sindicalismo tradicional. Se sabe, por más fotos que puedan sacarse juntos el jefe cegetista y el piquetero oficial, que los dos sectores difícilmente puedan transitar por un camino común. A ambos lo llevó a estar juntos, en este momento, la fuerte oposición que recibe el Gobierno y los dos coinciden que se encuentra en marcha un plan de desestabilización. Consideran que los abocados a esta tarea esperan el agravamiento de la protesta social y temen, como ya ha pasado, que el costo pueda ser pagado con sangre de argentinos. En forma puntual, miran a la provincia de Buenos Aires y creen ver detrás del rebrote de las quejas, el eterno brazo de Eduardo Duhalde, quien gana aún fuerte predicamento entre punteros políticos del Conurbano. Para ellos, estos miedos se alimentan día a día con la oposición que muestra algunos medios de comunicación a cada paso oficial, tras la ofensiva por la Ley de Medios. Y se acrecentaron cuando trascendieron los términos de una charla entre Duhalde y Elisa Carrió en un alto de una audiencia de la jueza Servini de Cubría, por una causa por calumnias e injurias que le inició el ex presidente a la titular del ARI. En esa oportunidad, él se habría erigido como la única garantía de gobernabilidad y hasta le hizo un guiño para mantener una linea abierta de diálogo, algo que fue rechazado por la diputada electa.
Antes de pensar en conspiraciones, el Gobierno debería analizar más en el daño que le hacen algunos funcionarios, como Guillermo Moreno.
Ahora, se dio el caso de la renuncia del economista Eduardo Hecker a la CNV por una presunta interferencia en el organismo del secretario de Comercio. El ministro Amado Boudou salió a cubrir a Moreno y dijo que la CNV estaba "quieta", algo que el mercado nunca observó. Con Ricardo Echegaray pasó algo similar, ya que su constante enfrentamiento con los productores agropecuarios cuando estaba al frente de la ONCCA alimentó la pelea entre las dos partes. Claro que por esto nunca recibió una reprimenda y, al contrario, se lo premió con la titularidad de la AFIP. Sólo cayó en desgracia cuando envió una carta a un diario importante, desligándose de un megaoperativo, con más de cien inspectores, de control impositivo y previsional. Dicen en pasillos oficiales que sus días en el Gobierno están contados, a pesar de haber sido siempre un soldado fiel a la causa de los Kirchner, y sólo falta que su renuncia deje de ser pedida con insistencia por los medios. Resulta lógico que las teorías conspirativas se encuentren a la orden del día, en un país que las ha vivido en reiteradas ocasiones.
Durante décadas, los militares derrocaron a gobiernos democráticos, y otras conspiraciones contribuyeron en gran medida a tumbar a Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. Pero, ahora, lo sensitivo impone que todos los actores de la política dejan de sembrar vientos para evitar otra cosecha dolorosa para el país.