BUENOS AIRES (NA).- No fue un mensaje, el de Moyano, que pasara inadvertido para el Gobierno. El jefe de la CGT había asegurado también que la metodología utilizada por el sindicalismo de izquierda no llevaría «a buen puerto» a los trabajadores, por más justo que fuera el reclamo por los 156 despedidos de la fábrica.
Es que el caso de la ex Terrabusi, ahora Kraft Foods, fue tomado como una causa central por los partidos de izquierda, que acentuaron su presencia en las calles para manifestar contra la empresa de capitales norteamericanos justo cuando la presidenta Cristina Kirchner iniciaba su gira por Estados Unidos.
Se sabe que en la política no existen las casualidades. También se hicieron notar esta semana los delegados de los subterráneos porteños, que volvieron a ejecutar medidas de fuerza, y grupos piqueteros no alineados con el Gobierno, que bloquearon calles y rutas en demanda de planes sociales.
Con Cristina de viaje entre Nueva York y Pittsburgh, el centro de operaciones del Gobierno volvió a ser la quinta de Olivos. Desde allí, Kirchner monitoreó tanto el creciente conflicto en las calles como el avance de los debates por la Ley de Medios que se desarrolla ahora en el Senado de la Nación.
Justamente hacia Olivos desfilaron los senadores oficialistas, con Miguel Pichetto a la cabeza, cuando Kirchner creyó constatar que su espadachín mediático, el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, no la estaba pasando demasiado bien en las audiencias de la Cámara Alta.
El encuentro ocurrió el jueves por la noche, al cabo de una jornada en la que el debate por la Ley de Medios había quedado a un lado en la agenda mediática a raíz de los múltiples piquetes que volvían a instalarse en la Capital y el Gran Buenos Aires, que se habían visto liberadas en los últimos años.
El Gobierno cree que su cruzada por la desmonopolización del mercado mediático busca ser bloqueada por lo que, sin matices, denomina como «la derecha» e identifica a sectores políticos, empresarios y de la propia prensa supuestamente confabulados en una intencionalidad «neogolpista».
Este análisis, deslizado por el diputado José María Díaz Bancalari, tomó más fuerza dentro de los muros del poder cuando la semana que pasó volvió a sonar el ruido de las cacerolas, pese a que la protesta fue escasa y se limitó a esquinas concretas y recoletas de la Capital Federal.

Piquetes y cacerolas: ¿la lucha es una sola?
Ahora bien, por qué volvieron los piquetes. Simple: las organizaciones no kirchneristas quieren participar de los planes sociales del Gobierno, que en cambio destina sus recursos con especial atención a los intendentes del conurbano y, entre ellos, a los que considera «confiables» tras la derrota electoral.
Sucede que, a raíz de la caída de la actividad económica, ese territorio clave para la política argentina, como lo es el conurbano bonaerense, está sintiendo los efectos de la crisis y podría volverse definitivamente contra el Gobierno en caso de que no haga una adecuada «asistencia social».
A ese territorio, justamente, volverá el próximo martes el ex presidente Kirchner, para un acto en Lanús junto al intendente Darío Díaz Pérez, uno de los pocos jefes comunales que todavía se juega el cien por ciento de su destino político a la suerte del oficialismo.
Kirchner se embarcó en un operativo para mostrarse como el candidato presidencial oficialista en ciernes, por ahora más con la intención de no seguir drenando poder en el peronismo que como un objetivo cierto.
Pero como una cosa no quita la otra, el Gobierno prepara el envío al Congreso de una reforma política que, por cierto, implicaría una mejora para el funcionamiento interno de los partidos pero que también está pensada para que el kirchnerismo mantenga bajo su control el sello del PJ.
Se trata de una jugada destinada a bloquear el avance de los peronistas disidentes, que ya integran una larga lista: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Jorge Busti, Francisco De Narváez, Carlos Reutemann y Juan Schiaretti le dan cada vez mayor volumen político a esa nómina recelada en la quinta de Olivos.
Mientras se perfila la futura contienda interna, acucian los problemas de gestión. Si lo sabrá Daniel Scioli, que esta semana logró que se aprobara el ajuste fiscal que permitirá mejorar los ingresos a una provincia con las arcas exhaustas y que, pocas horas después, tuvo que acceder a modificar la normativa ante la amenaza de un nuevo paro agrario.
«Si vamos a negociar con una pistola en la cabeza, mejor que cada uno siga por su lado», dijo de movida un legislador cercano a Scioli mirando a los ruralistas, que habían llegado a la Gobernación con un paro del sector en gestación. La charla llegó, pese al clima espeso, a buen puerto.
Mientras tanto, la Presidenta participaba en Estados Unidos de la cumbre del G20, que nuclea a los países más poderosos del planeta y a las potencias emergentes, más algunos invitados como la Argentina. Los foros internacionales le calzan bien a la mandataria: lo prueban las amistosas fotos junto a Barack Obama.
Sin embargo, por el hecho de participar, el Gobierno debió firmar el acta final de la cumbre en la que todos los presentes se comprometieron a aceptar las controvertidas revisiones del Fondo Monetario Internacional a las cuentas económicas. Algo que se contrapone al recordado «chau Fondo» de Kirchner.
Tampoco sintoniza mucho con esa frase la gestión del ministro de Economía, Amado Boudou, para negociar con el Club de París y los tenedores de la deuda argentina en «default», denominados «holdouts». Pero el funcionario recibió una instrucción precisa: «hay que volver a los mercados».
La Argentina lo precisa. O, para ser más claros, el Gobierno lo necesita. Tendrá que afrontar, en los próximos meses y sobre todo en 2010, fuertes vencimientos de la deuda externa.
Una deuda que, lejos de achicarse como reza la propaganda oficial, vuelve a ser una amenaza para el Estado. Los argentinos de carne y hueso, mientras tanto, sufren la deuda interna, pese a que las estadísticas sobre pobreza del INDEC se esfuercen en desmentirlo.